Por: Gladys Isabel Vizcaíno
La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 1930 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el país.
Para entender mejor este hecho, es necesario definir qué es una emergencia económica. Según la Corte Constitucional, el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica es una medida excepcional y temporal que se declara cuando ocurren hechos graves que perturban o amenazan con perturbar de forma inminente el orden económico, social o ecológico del país, o que constituyen una calamidad pública. Es decir, es una herramienta que permite al presidente dictar leyes rápidamente para enfrentar una crisis grave. Tiene límites estrictos: dura máximo 30 días, requiere la firma de todos los ministros y está sujeta a la revisión obligatoria de la Corte Constitucional.
A finales de 2025, el mandatario activó una emergencia económica en todo el país con el fin de obtener rápidamente $11 billones para cubrir los gastos del Estado argumentando una “coyuntura fiscal excepcional” que ponía en riesgo la estabilidad del país.
El presidente Gustavo Petro defendió la declaratoria de emergencia como una herramienta vital para evitar el colapso de las finanzas públicas tras el hundimiento de sus reformas en el Congreso. Según el mandatario, el país entró en un “déficit de riesgo” que disparó el costo del endeudamiento estatal, advirtiendo sobre la gravedad de la situación fiscal.
Sin embargo, este 9 de abril con una votación de 6 a 2, seis magistrados votaron a favor de tumbar la medida y dos en contra, el alto tribunal anuló el plan de Petro para cobrar $11 billones en impuestos destinados al presupuesto nacional. La Corte determinó que no hubo una justificación suficiente sobre la gravedad e inminencia de la crisis.
Aunque el Gobierno argumentó que existía un “déficit de riesgo” y dificultades para pagar la deuda pública tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento, el tribunal consideró que estas razones no eran suficientes para saltarse el trámite legislativo ordinario.
Además, el magistrado Carlos Camargo señaló que el Gobierno se tomó atribuciones que no le correspondían quitándole funciones al Congreso sin cumplir con las reglas que exige la Constitución para usar poderes de emergencia.
Asimismo, Camargo, encargado de presentar la propuesta ante la Sala Plena, confirmó que el decreto es inexequible. Esto significa que la medida es contraria a la Constitución y, en consecuencia, pierde toda validez legal, quedando anulada de forma inmediata y definitiva en todo el país
Ante la decisión de la corte, el mandatario, durante un discurso en Quibdó (Pacífico colombiano) el jueves 9 de abril de 2026, rechazó el fallo asegurando que la Corte Constitucional es una institución que no recoge la voluntad del gobierno actual. Petro afirmó enfáticamente que con esta medida “nos quieren ahorcar, porque somos un gobierno diferente” y que el tribunal ha decidido bloquear los ingresos del Ejecutivo al declarar la medida inexequible.
