Por: Gladys Isabel Vizcaíno
No hace falta imaginarse el fin del mundo como un hecho aislado y lejano; vivimos el final de la responsabilidad social, la empatía y la decencia humana básica en nuestro país. Y la vivimos ahora. No por ciudadanos regulares ni por personas de poca relevancia, sino por los propios congresistas de nuestro país.
Por nuestro propio Gobierno Nacional, por nuestro propio ministro del Interior y por los directores de las entidades encargadas de la reparación. ¿Reparación? Más bien revictimización.
El 9 de abril se conmemora en Colombia el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, conforme a lo estipulado en el artículo 142 de la Ley 1448 de 2011. La escogencia de esta fecha se dio, entre otras razones, por el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948.
El fin de este día conmemorativo es que el Estado y la sociedad rindan homenaje a los millones de personas afectadas por el conflicto armado. Que no son pocos. Según cifras de la Unidad para las Víctimas, en el país hay registro de casi 10 millones de afectados por el conflicto armado.
El Congreso realiza una sesión solemne cada 9 de abril para rendir homenaje y escuchar a las víctimas, quienes hablarán ante el Senado y la Cámara de Representantes reunidos de manera extraordinaria.
¡Pero, oh sorpresa! Estamos en Colombia. Y las víctimas, lejos de ser escuchadas, fueron ignoradas y lo que les regalaron nuestros representantes y congresistas fue su ausencia. Brillan por su ausencia cuando se trata de escuchar a las víctimas. Pero brillan por su carisma cuando se trata de conseguir votos. Ahí sí se acuerdan de las víctimas.
El recinto estaba mayoritariamente vacío mientras las víctimas daban su testimonio. “Vienen, toman asistencia y se van porque las víctimas no les valen”, así lo expresó Rubiela Benítez Manríquez, una víctima y líder del conflicto armado proveniente del departamento de Arauca durante la sesión del Congreso Pleno celebrada el 9 de abril de 2026. “La sangre que está corriendo en el país no les vale”, con esta frase Benítez reclamó la actitud insolente y deshumanizadora de los legisladores, que parece no importarles que la violencia siga desangrando a los territorios.
Indiferencia absoluta. Un recinto casi vacío. Al final de la jornada, cuando se realizó la verificación del quórum (el número mínimo de miembros necesarios para que el Congreso pueda sesionar legalmente), la cifra fue desoladora; solo permanecían en sus puestos 8 senadores y 19 representantes a la cámara. Voy a repetir esta cifra: 8 senadores y 19 representantes. El Senado tiene más de un centenar de curules. ¿Dónde estaban los elegidos por el pueblo? ¿Dónde está la responsabilidad social? ¿El respeto por las víctimas?
Esta falta de compromiso obligó a levantar la sesión a las 3:08 de la tarde debido a la “desintegración del quórum”, tras una solicitud de verificación realizada por los senadores Jota Pe Hernández y José Carreño, en la que quedó evidenciada la mayoritaria ausencia en el Salón Elíptico.
Y, aunque el ausentismo ha sido la imagen habitual durante los últimos 12 años en esta fecha, según Adriana Pérez, representante de las víctimas. Pérez señala que los legisladores “siempre… han faltado, no nos han escuchado”. Por primera vez en 12 años la sesión se levantó oficialmente por falta de quórum.
Lo que debió ser una jornada de solemne escucha, de justicia social, de reparación y de no repetición terminó siendo, por primera vez en 12 años, un acto irrespetuoso, deshumanizador e injusto hacia las víctimas.