Por: Laura Moncayo
El Ministerio de Cultura y Patrimonio (que se encarga de ejecutar y vigilar la política de Estado en materia cultural) al mando de la Ministra de Cultura Paola Holguín y su secretario Julián Sterling, que fue el encargado, junto a la directora del Museo Nacional, Constanza Toquica, de elegir “a dedo” las obras que se quitaron el día 15 de octubre. (La Silla Vacía).
Debemos entender que Colombia, no tiene una política de Estado concreta, porque va cambiando con el mandato e ideología de cada jefe de Estado. La política de Estado son directrices con consenso nacional e institucional, que no le pertenecen a ningún partido político y deben mantenerse (largo plazo).
La política de Estado en Colombia debe contar con la coordinación del Departamento Nacional de Planeación (DNP), de acuerdo con las funciones de planeación, seguimiento y evaluación establecidas en los artículos 339 y 343 de la Constitución Política de 1991, así como con los mecanismos de planificación contemplados en la Ley 152 de 1994.
De ese modo, el Congreso de la República debe contribuir a garantizar su continuidad mediante la expedición de leyes que establezcan objetivos, responsabilidades y mecanismos de cumplimiento a largo plazo. De esta manera, se busca que las políticas públicas de importancia nacional trasciendan los periodos presidenciales y no dependan exclusivamente de las prioridades de cada administración, sino que se consoliden como políticas de Estado, respaldadas por un marco jurídico e institucional que favorezca su permanencia y aplicación por parte de los gobiernos sucesivos.
La falta de continuidad de las políticas de Estado en Colombia constituye una grave debilidad institucional, porque permite que los cambios de gobierno se conviertan, en cambios de rumbo que pueden frenar procesos, debilitar programas y desperdiciar recursos públicos. Esta situación resulta especialmente cuestionable a la luz del artículo 2 de la Constitución Política de 1991, que establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos, y del artículo 339, que contempla objetivos nacionales de largo plazo dentro de la planificación del desarrollo. Resulta preocupante que las prioridades institucionales puedan cambiar con cada administración sin una evaluación rigurosa de lo que ya existe, de sus resultados y de sus beneficios para la población. El problema no radica en que un nuevo gobierno quiera introducir cambios —algo legítimo en una democracia—, sino en que se abandonen iniciativas por razones políticas o de conveniencia administrativa, sin justificar adecuadamente sus decisiones ni considerar sus consecuencias a largo plazo.
Esta dinámica debilita la capacidad de planificación del Estado, dificulta la evaluación de resultados y puede afectar la confianza ciudadana en las instituciones. El DNP tiene una responsabilidad técnica fundamental en la coordinación, el seguimiento y la evaluación de los planes de desarrollo, mientras que el Congreso debe ejercer sus competencias legislativas y de control político para contribuir a que las políticas de largo plazo cuenten con respaldo jurídico, financiación y mecanismos de cumplimiento. En consecuencia, Colombia necesita fortalecer la continuidad institucional para que los objetivos estratégicos del país no queden subordinados a los intereses particulares de cada administración, sino que respondan a las necesidades de la sociedad y a compromisos públicos evaluables, sostenibles y jurídicamente respaldados.
La postura de abelardo de la espriella contra la “cultura woke” y su propuesta de impulsar una “contrarrevolución cultural” plantean una discusión que va más allá de las diferencias ideológicas: el riesgo de convertir la cultura en un campo de confrontación política. Descalificar las reivindicaciones de igualdad, diversidad y reconocimiento histórico bajo una etiqueta general no constituye un argumento suficiente para cuestionarlas; por el contrario, puede reducir debates complejos a una división entre aquello que el Gobierno considera legítimo y aquello que identifica como una amenaza. Si el propósito de las instituciones culturales es garantizar el acceso al patrimonio y al conocimiento, las decisiones sobre qué se exhibe deben sustentarse en criterios técnicos, históricos y transparentes, no únicamente en la afinidad ideológica de quienes gobiernan. La cultura no deja de ser política por eliminar las expresiones que incomodan a un Gobierno; hacerlo, en cambio, puede restringir la pluralidad de interpretaciones que una democracia debe proteger. El problema, por tanto, no es que un presidente tenga una visión cultural propia, sino que pretenda convertirla en el único relato válido para toda la sociedad. Aunque el presidente y su gabinete no esté de acuerdo con posturas “progresistas”, deben entender que una democracia debe acoger a todas las personas que la conforman para que sea una democracia real y legítima
Obras históricas desmontadas
Quitaron la bandera del orgullo perteneciente a la activista Elizabeth Castillo. Una abogada y activista reconocida por su lucha en defensa de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT+. En 1997 organizó la primera Semana del Orgullo en Manizales y, en 2003, cofundó el grupo de Mamás Lesbianas de Bogotá, con el propósito de visibilizar y defender los derechos de las familias diversas. A través de su activismo, ha promovido la igualdad, el reconocimiento de la diversidad sexual y la lucha contra la discriminación. Además, llevó estas reivindicaciones al ámbito institucional cuando fue nombrada subdirectora para asuntos LGBTI de Bogotá en 2022, demostrando cómo la participación ciudadana puede contribuir a impulsar cambios sociales y políticas públicas en Colombia.
También fue removida la campaña publicitaria de la marcha LGBT de 2006: una pieza lésbica. Buscaba visibilizar las relaciones afectivas entre mujeres y cuestionar los prejuicios sociales frente a la diversidad sexual. Este tipo de publicidad convirtió la comunicación en una herramienta de activismo, al llevar a los espacios públicos representaciones de identidades que históricamente habían sido excluidas o estigmatizadas. La pieza es una forma de resistencia frente al machismo y la lesbofobia, así como un esfuerzo por reivindicar el derecho de las mujeres a expresar libremente su orientación sexual y vivir sus afectos sin discriminación.
El impreso sobre los derechos reproductivos de las mujeres de la Fundación Sí Mujer es una pieza de comunicación orientada a informar y promover el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Busca que las mujeres conozcan sus derechos relacionados con la autonomía sobre sus cuerpos, la planificación familiar y las decisiones sobre su maternidad, además de contribuir a la prevención de la violencia y la discriminación. La Fundación Sí Mujer, fundada en Cali en 1984, ha trabajado en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual y la equidad de género.
La fotografía de Humberto Rincón Perfetti de la marcha de la ciudadanía plena LGBT “Por una Colombia incluyente”. Humberto es abogado y defensor de los derechos humanos, documenta la Marcha por la Ciudadanía Plena LGBT, realizada en Bogotá bajo el lema “Por una Colombia incluyente: el cuerpo, primer territorio de paz”. Esta movilización buscaba visibilizar a las personas LGBT como ciudadanas con plenos derechos y exigir igualdad ante la ley, reconocimiento social y protección frente a la discriminación. La fotografía tiene un valor histórico porque conserva la memoria de un movimiento social que buscaba transformar las instituciones y la sociedad colombiana mediante la participación ciudadana y la reivindicación de los derechos humanos.
Un ejemplar de la revista La Ventana Gay, n.º 2, de Manuel Antonio Velandia y León Zuleta, el reconocido activista gay antioqueño que fue asesinado en 1993. Publicado en 1980, representa un momento importante en la historia del activismo LGBT en Colombia. Impulsada por Manuel Antonio Velandia y otros activistas, la revista abrió un espacio para hablar públicamente sobre homosexualidad, identidad y derechos humanos en una época marcada por la discriminación y la censura social. En sus páginas se defendía la liberación homosexual y el derecho a vivir la propia identidad sin esconderse. León Zuleta, reconocido activista antioqueño y colaborador de la publicación, fue asesinado en Medellín en 1993. Esta revista constituye un testimonio histórico de cómo la prensa alternativa se convirtió en una herramienta de resistencia, organización y visibilización para la comunidad LGBT colombiana.
Fueron quitados los afiches de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo y la de Carlos Pizarro. Representan un periodo marcado por la violencia política en Colombia a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa. Jaramillo, candidato de la Unión Patriótica, fue asesinado el 22 de marzo de 1990, en medio de la persecución contra los integrantes de su partido, cuyo exterminio sistemático dejó miles de víctimas. Por su parte, Pizarro, antiguo comandante del M-19, lideró la desmovilización de esa guerrilla y se presentó a la Presidencia por la Alianza Democrática M-19, pero fue asesinado el 26 de abril de 1990. Ambos afiches son documentos históricos que recuerdan cómo la violencia atacó a líderes que buscaban participar en la política por la vía electoral. Su retiro de la exhibición también plantea preguntas sobre la preservación de la memoria histórica y la importancia de reconocer a las víctimas de la violencia política para comprender la historia democrática del país.
También la exposición “Reivindicación de Nación: de la Constitución de 1991 al Proceso de Paz de 2016” reunía objetos que representan dos momentos fundamentales de la historia democrática de Colombia. Entre ellos se encontraba El Balígrafo, una pluma fabricada a partir de una bala que se utilizó para firmar el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, como símbolo de la transformación de la violencia en una oportunidad para construir la paz. También se exhibía el tarjetón de la Séptima Papeleta, una iniciativa impulsada por estudiantes en 1990 que contribuyó a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y a la creación de la Constitución de 1991. El retiro de estos objetos, reportado en octubre de 2026, plantea interrogantes sobre la preservación de la memoria histórica y la importancia de mantener visibles los procesos sociales y políticos que han marcado la búsqueda de democracia y paz en Colombia.
Retiraron casi todas las fotos del muro de la diversidad del Museo Nacional de Colombia que estaba dedicado a representar y reflexionar sobre la diversidad cultural, social y política del país. Esto plantea interrogantes sobre la importancia de la representación de las distintas comunidades en los espacios culturales públicos y sobre cómo se construye la memoria colectiva. La ausencia de estas imágenes también invita a reflexionar sobre el papel de los museos en el reconocimiento de las diferencias y en la preservación de las historias de grupos que han luchado por su visibilidad y sus derechos en Colombia.
La historia no se entierra retirando sus símbolos ni borrando las huellas que ha dejado en la memoria de todo un país. Por el contrario, reconocer el pasado, incluso sus episodios más dolorosos, es fundamental para comprender el presente y evitar que sus errores se repitan. El olvido, cuando se convierte en una práctica institucional, puede debilitar la memoria histórica y abrir espacio para que se minimicen hechos de violencia, se silencien voces y se cuestionen conquistas sociales que parecían consolidadas. Muchas veces, los procesos autoritarios comienzan precisamente con la manipulación del pasado, la eliminación de sus símbolos y la construcción de un relato único que determina qué merece ser recordado y qué debe desaparecer. Por eso, preservar la memoria no significa quedarse anclados en el pasado, sino garantizar que ninguna sociedad pierda las herramientas necesarias para reconocerlo, cuestionarlo y aprender de él.
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