Por: Arytsha Aholibama
Ricardo Andrés Rodríguez Martínez era un joven de 18 años que murió el pasado 21 de septiembre durante un operativo de la Fuerza Pública contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en el sector de Quebrada del Sol, corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta.
La operación militar tenía como objetivo atacar las estructuras de mando y financiación de esta organización criminal. Según la Policía Nacional, participó la Policía Judicial, Comandos Jungla y Aviación Policial, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
El operativo dejó siete personas muertas y tres capturadas. Entre los fallecidos estaba José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, señalado por las autoridades como segundo cabecilla y responsable financiero de las ACSN. Pero entre los muertos, también se encontraba Ricardo Rodríguez.
“Abelardo, voy a denunciarte. Me mataste a mi hijo injustamente. Un niño de tan solo 18 años”, esas fueron las palabras que la madre de Ricardo Rodríguez dijo enfrente del Instituto de Medicina Legal, mientras sostenía un cartel en el que se podía leer la frase “Verdad y Justicia”.
Ella sostiene que su hijo no pertenecía a ningún grupo armado, que solo era un joven de 18 años, trabajador, que se encontraba vestido de civil y no portaba armas. Otros familiares también han afirmado que el joven trabajaba como obrero y que no tenía vínculos con las ACSN.
Tras el operativo circularon versiones que relacionaban a Ricardo Rodríguez con Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, uno de los principales cabecillas de las ACSN. Incluso fuentes policiales, señalaron que entre los muertos podría encontrarse un hijo de ‘Pinocho’.
Sin embargo, el ministro Jorge Eduardo Mora, aclaró que ninguna fuente de la Fuerza Pública había afirmado oficialmente que Ricardo fuera hijo de alias ‘Pinocho’. El Ministerio señaló que le corresponde a la Fiscalía y a Medicina Legal esclarecer qué ocurrió, así como determinar las actividades y circunstancias en las que se encontraban las personas presentes en el lugar.
Entonces, ¿quién era realmente ese muchacho y por qué terminó muerto durante una operación contra un grupo armado?
Se sigue a la espere de una respuesta. Porque si efectivamente pertenecía a las ACSN, las autoridades tendrán que demostrarlo con pruebas. Pero si por el contrario, era un civil ajeno a esa organización, estaríamos frente a un hecho de una gravedad enorme.
En operaciones de este tipo, la identificación, la verificación de información, las reglas de uso de la fuerza y el respeto por el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos son fundamentales para distinguir entre un combatiente y una persona protegida, y para evitar que una operación termine cobrando la vida de alguien inocente.
Nuestro país ya vivió los llamados “falsos positivos”. La JEP reconoce a 7.837 personas que fueron presentados falsamente como bajas en combate entre 1990 y 2016. Y no debería permitirse que vuelva a ocurrir.
Recordemos también, que apenas unas semanas antes, un bombardeo contra una disidencia de las FARC en Guaviare dejó diez muertos, entre ellos tres menores de edad, según la identificación realizada por Medicina Legal.
Es por esto, que el Estado debe ejecutar sus estrategias y combatir a las organizaciones criminales, respetando siempre la Constitución, la ley, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Es necesario seguir correctamente los procedimientos, para que situaciones como los Falsos Positivos o la muerte de menores reclutados, no sigan ocurriendo.
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