Por: María Alejandra Cuello [En Alianza Informativa con CERI]
Después de 36 días de asumir la Presidencia, Abelardo de la Espriella se dirigió nuevamente al país para presentar un balance de las primeras semanas de su Gobierno. La alocución del 13 de septiembre estuvo marcada por el orden público, la seguridad, la reconstrucción después del terremoto y la relación con Estados Unidos.
Detrás de los anuncios aparece una estrategia que conecta asuntos que a primera vista parecen pertenecer a escenarios diferentes. Según lo planteado por el propio Gobierno, su ruta se apoya en tres elementos: recuperar el control territorial mediante una política de seguridad más ofensiva, atraer la inversión privada para impulsar la reconstrucción y el desarrollo regional, y convertir la relación con Washington en una alianza estratégica con mayor peso económico y de seguridad.
El 8 de septiembre, Barranquilla se convirtió en el escenario de uno de los principales anuncios de política exterior del nuevo gobierno. El presidente Abelardo de la Espriella recibió al secretario estadounidense, Marco Rubio, y presentó lo que denominó los “Acuerdos de Barranquilla”. La reunión fue planteada por el Gobierno como el comienzo de una nueva etapa de la relación bilateral. El presidente resumió los objetivos en tres conceptos: reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio.
Según el Gobierno, el encuentro no se limitó a lo económico, se firmaron dos memorandos sobre el diálogo bilateral de prosperidad, centrados en sectores estratégicos como energía, infraestructura, tecnología y procesamiento de minerales críticos. De acuerdo con el Ejecutivo, la apuesta busca exigir transferencia tecnológica e industrialización, evitando que el país se limite a exportar materias primas sin generar valor agregado en el territorio.
En ese contexto, el Gobierno presentó el Plan Patriota Siglo XXI, con el que busca fortalecer las capacidades de seguridad del país mediante tecnología, inteligencia, ciberdefensa y sistemas de vigilancia. La capital del Atlántico también quedó en el centro de otro anuncio, debido a que el Gobierno solicitó la reapertura de un consulado estadounidense en la ciudad y señaló que estaría dispuesto a facilitar una sede.
Por ahora se trata de una iniciativa anunciada por el Ejecutivo colombiano, cuya materialización depende de los procesos correspondientes del Gobierno estadounidense. Esta decisión no está aislada de lo que había planteado anteriormente el presidente de la República. De hecho, ayuda a reforzar su idea de que Colombia debe gobernarse desde las regiones y no únicamente desde Bogotá. Así, la política exterior comenzaría a utilizar el Caribe colombiano como escenario de una estrategia que pretende tener alcance nacional.
En su alocución, De la Espriella presentó la seguridad como una de las principales prioridades de su administración y utilizó los resultados operativos de los primeros 36 días para respaldar su estrategia. Según cifras entregadas por el Gobierno, en ese periodo se registraron 17.014 capturas, la afectación de 24 cabecillas de estructuras narcoterroristas, la incautación de 1.761 armas de fuego y de más de 75.000 kilogramos de droga. El presidente también señaló que durante este periodo se firmaron 73 extradiciones.
El Gobierno ha planteado que su estrategia no debe limitarse a capturar integrantes de las organizaciones criminales. Durante la reunión con Rubio, De la Espriella habló también de perseguir los recursos económicos de estas estructuras, incluyendo lavado de activos, patrimonios injustificados y bienes ocultos en el exterior. Según el Ejecutivo, la intención es atacar las organizaciones desde diferentes frentes y utilizar la cooperación internacional para seguir el dinero que sostiene sus actividades.
El Plan Patriota Siglo XXI encaja dentro de esta estrategia: contempla fortalecer capacidades de la Fuerza Pública y mejorar herramientas de inteligencia y tecnología en conjunto con actores extranjeros. Su presentación ante Estados Unidos muestra que el Gobierno no está tratando la seguridad únicamente como un problema colombiano, sino como parte de una agenda de cooperación hemisférica.
Sin embargo, esta búsqueda de aliados en Washington no responde únicamente a la visión general de seguridad hemisférica, sino a una urgencia económica inaudible. Según lo datos brindados por el gobierno queda a flote la gravedad de la deuda fiscal que atraviesa el país, revelando que el 44% del presupuesto proyectado para 2027 dependerá de recursos de crédito. El panorama es tan ajustado que según el mandatario por cada 100 pesos de presupuesto, 24 de destinarán al pago de la deuda y solo 14 quedarían libres para la inversión pública.
Con un Estado con tan poca liquidez, este no es capaz de hacer una reconstrucción en solitario. En su relación con EE.UU., el Gobierno busca inversión, cooperación tecnológica y una alianza de seguridad más profunda, y en Colombia busca incentivar al sector privado para que se convierta en un socio para el desarrollo de las infraestructuras y así poder aprovechar los recursos naturales.
El ejemplo más claro de este escenario está en el Chocó. El 7 de septiembre, De la Espriella encabezó una cumbre empresarial en Quibdó destinada a discutir la reconstrucción y transformación económica del departamento después del terremoto. La propuesta contempla cerca de un billón de pesos en infraestructura, incluyendo obras viales y proyectos relacionados con la conectividad del departamento. La estrategia busca combinar recursos públicos con inversión empresarial.
Entre las propuestas está utilizar el mecanismo de obras por impuestos para financiar proyectos de infraestructura y atraer capital privado hacia una región que durante décadas ha enfrentado problemas de conectividad, pobreza y limitada presencia institucional. Según el Ejecutivo, el desafío será demostrar que la llegada de capital puede traducirse en infraestructura, empleo y mejores condiciones para las comunidades locales.
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