Por: Valerie Vittorino
El anuncio del presidente Abelardo de la Espriella sobre la creación de un protocolo para permitir el ingreso de la Fuerza Pública a universidades públicas puso nuevamente sobre la mesa una discusión que involucra seguridad, protesta y autonomía universitaria.
La propuesta fue presentada por el mandatario durante una alocución presidencial el 13 de septiembre. En ella, De la Espriella aseguró que su Gobierno respetará la autonomía de las instituciones de educación superior, pero sostuvo que esta no puede impedir que las autoridades intervengan cuando se presenten hechos violentos, delitos, situaciones de peligro o alteraciones extraordinarias del orden público.
La idea, según explicó el Gobierno, es establecer unas reglas que permitan determinar en qué circunstancias la Policía podría ingresar a un campus universitario. Además el propósito también sería diferenciar una protesta o manifestación pacífica de situaciones que puedan representar un riesgo para la vida, la integridad de las personas o los bienes.
El anuncio, sin embargo, abrió diferentes posiciones. Mientras algunos sectores consideran necesaria la intervención de las autoridades cuando dentro de las universidades ocurren hechos violentos o delictivos, otros expresan preocupación por los límites de esa intervención y por sus posibles efectos sobre la autonomía universitaria y el derecho a la protesta.
¿Qué anunció exactamente el Gobierno?
Una de las primeras precisiones que deben hacerse es que el Gobierno anunció la creación de un protocolo. No se trata, al menos según lo informado hasta ahora, de una autorización general para que la Fuerza Pública pueda entrar libremente a cualquier universidad.
El Ministerio de Educación señaló que se respetará la autonomía universitaria, pero que las autoridades podrán atender situaciones relacionadas con violencia, vandalismo, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público y el alcance de la propuesta dependerá, por eso, de lo que establezca el documento definitivo.
Todavía quedan preguntas por resolver: ¿quién determinará que existe una situación que requiere la intervención policial?, ¿la universidad tendrá que solicitarla?, ¿qué ocurrirá en casos de flagrancia?, ¿qué se considerará una alteración extraordinaria del orden público? y ¿qué procedimiento deberán seguir los agentes dentro del campus?
Estas definiciones son importantes porque una intervención de la Fuerza Pública no debería depender únicamente de una interpretación general sobre lo que está ocurriendo en una universidad, sino de criterios y procedimientos previamente establecidos.
Autonomía universitaria
El artículo 69 de la Constitución Política reconoce este principio y establece que las universidades pueden darse sus propias directivas y regirse por sus propios estatutos. La autonomía busca que las instituciones de educación superior puedan tomar decisiones sobre su organización y funcionamiento sin una intervención arbitraria de otros poderes.
La Corte Constitucional ha señalado que este principio tiene límites y debe ejercerse dentro del ordenamiento jurídico. Esto hace que el debate actual sea más complejo que simplemente preguntarse si la Policía puede o no puede entrar a una universidad.
La verdadera discusión está en establecer en qué circunstancias puede intervenir el Estado y cuáles deben ser los límites de esa intervención. Por ejemplo, no es lo mismo una protesta estudiantil pacífica que una situación en la que exista una persona cometiendo un delito en flagrancia o un riesgo grave para la vida de integrantes de la comunidad universitaria.
¿Qué pasa si ocurre un delito dentro de una universidad?
El Ministerio de Justicia ha señalado que las universidades no están por fuera de la Constitución ni de la ley y que existen situaciones en las que las autoridades pueden actuar, como aquellos casos en los que se presenta flagrancia, existe un riesgo para la vida o se producen afectaciones graves a bienes.
Esto permite hacer una distinción entre el derecho a protestar y la comisión de hechos que puedan constituir delitos. El reto estará en que esa diferencia pueda establecerse de manera objetiva y que una manifestación legítima no sea confundida con un acto violento simplemente por desarrollarse dentro de una universidad.
¿Qué han dicho las universidades?
Es claro que las instituciones de educación superior también han reaccionado frente a la propuesta. El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, se refirió al anuncio y planteó la importancia de que cualquier actuación frente a situaciones de violencia tenga en cuenta la coordinación con las autoridades universitarias. Esta posición refleja una de las principales preocupaciones dentro del sector educativo: cómo responder frente a hechos violentos sin desconocer la autonomía de las universidades.
Las instituciones cuentan con sus propias autoridades, reglamentos y mecanismos internos para atender diferentes situaciones. Por eso, uno de los aspectos que deberá aclarar el nuevo protocolo será precisamente la relación entre esas autoridades y la Fuerza Pública. Por eso, la pregunta no es solamente cuándo podría ingresar la Policía, sino cómo se coordinaría esa intervención con quienes están a cargo de la universidad.
Un debate que también tiene respaldo político
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó su apoyo al anuncio y expresó preocupación por la posibilidad de que personas ajenas a las universidades puedan utilizar estos espacios para desarrollar actividades criminales.
Desde esta perspectiva, el argumento principal es que la autonomía universitaria no debería convertirse en una barrera para que las autoridades actúen frente a hechos que puedan poner en riesgo a estudiantes, profesores o ciudadanos. Pero también existen sectores que cuestionan la medida y piden mayor claridad sobre sus límites.
La preocupación está relacionada con la posibilidad de que conceptos como vandalismo o alteración del orden público puedan utilizarse de manera amplia y terminen afectando el derecho a la protesta o la autonomía de las instituciones. Por eso, más que contar únicamente quién está a favor y quién está en contra, el punto central será conocer las condiciones concretas que tendrá el protocolo.
Lo que todavía falta por conocer
Aunque el anuncio presidencial ya está hecho, todavía quedan varios aspectos por definir.
Uno de los principales es quién tendrá la responsabilidad de determinar que una situación requiere la intervención de la Fuerza Pública. También será necesario precisar qué significan, dentro del protocolo, conceptos como violencia, vandalismo, peligro o alteración extraordinaria del orden público.
Otro punto será establecer cuál será el papel de los rectores y de las demás autoridades universitarias. Será necesario conocer si la universidad tendrá que solicitar la intervención, si existirá algún mecanismo de coordinación previo o si habrá situaciones excepcionales en las que las autoridades podrán actuar directamente.
También deberán definirse los mecanismos para proteger a estudiantes, docentes y trabajadores que no estén involucrados en los hechos y establecer los controles sobre el uso de la fuerza.
Todo esto deberá armonizarse con derechos como la libertad de expresión, la protesta pacífica, la educación y la integridad personal.
Seguridad y autonomía: ¿dónde está el límite?
En el fondo, el debate está relacionado con la manera en que el Estado debe responder cuando dentro de un campus se presentan situaciones que pueden afectar la seguridad, sin desconocer la autonomía de las instituciones ni los derechos de quienes hacen parte de ellas.
Por ahora, existe un anuncio y está pendiente conocer el protocolo que definirá cómo se aplicará. Ese documento será fundamental para saber qué cambia realmente, cuáles serán las condiciones para una eventual intervención y qué controles tendrán las autoridades.
Mientras tanto, el debate continúa entre Gobierno, universidades, estudiantes, autoridades locales y expertos. La discusión no parece estar únicamente en escoger entre seguridad o autonomía, sino en determinar cómo pueden protegerse ambas sin que una termine anulando a la otra.
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