Por: Valerie Caballero
El Gobierno de Abelardo de la Espriella avanza en el desmonte de la política de “paz total” implementada durante la administración de Gustavo Petro. La decisión más reciente relacionada con los Comandos de Frontera es el cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) ubicada en Valle del Guamuez, Putumayo; donde se concentraron 99 integrantes de esta estructura armada tras iniciar un proceso de desarme y tránsito a la vida civil.
La ZUT había sido creada como parte de los acuerdo alcanzados durante los diálogos entre el Gobierno Petro y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), alianza de la que hacen parte los Comandos de Frontera. Los integrantes de esta estructura llegaron a la zona el 18 de junio y comenzaron allí su proceso de incorporación.
Ahora, a través de la resolución ejecutiva 389 del 9 de septiembre de 2026, el presidente determinó que la zona deberá ser desmontada a más tardar el 30 de septiembre. La resolución restablece que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz deberá coordinar un plan de cierre y transición con las entidades encargadas de los aspectos administrativos, jurídicos, sociales, migratorios y de seguridad.
La medida ocurre en medio del cierre progresivo de los espacios de negociación heredados del Gobierno Petro. El 28 de agosto, De la Espriella anunció el fin de tres procesos de diálogo con estructuras armadas, entre ellos el de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Posteriormente, puso fin a otros espacios de conversación con Comuneros del Sur y estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.
El 9 de septiembre, además, el Gobierno revocó mediante los actos administrativos 390 y 391 las designaciones de negociadores en los procesos con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ese mismo día se formalizó el cierre de la ZUT de Valle del Guamuez.
La situación de los Comandos de Frontera es particularmente relevante porque se trata del proceso de desarme más avanzado que había dejado la política de “paz total”. De los 99 excombatientes que ingresaron a la ZUT, 86 habían entrado formalmente a la ruta de reintegración de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
Sin embargo, el cierre anticipado de la zona ha generado preocupación por la continuidad del proceso. La ARN advirtió sobre riesgos para la seguridad, la garantía de derechos y una posible reincidencia de los excombatientes. La entidad también señaló dificultades relacionadas con documentación, situación jurídica, regularización migratoria y acceso al sistema financiero.
La incertidumbre ya se refleja dentro de la propia zona. Según información recogida por El País, 43 de los 99 excombatientes permanecían allí después del anuncio de Gobierno, mientras otros ya habían abandonado el lugar. En un vídeo difundido por los propios excombatientes, quienes permanecían en la ZUT aseguraron que querían continuar con su tránsito hacia la vida civil y pidieron que la ARN mantuviera su presencia.
El escenario también está marcado por la extradición de alias “Araña”, señalado como uno de los principales cabecillas de los Comandos de Frontera. La decisión fue tomada por el Gobierno de De la Espriella antes del anuncio del cierre de la ZUT y reforzó el cambio de estrategia frente a esta organización.
El Gobierno de De la Espriella ha planteado que, en lugar de negociaciones políticas con las organizaciones armadas, su estrategia será el sometimiento a la justicia y el uso de operaciones militares contra la estructuras que continúen delinquiendo. El presidente había advertido desde el inicio de su mandato que los grupos armados tendrían un plazo para someterse al Estado de derecho y que no habría las concesiones ofrecidas durante la administración anterior.
Este viernes 11 de septiembre, el Gobierno confirmó además el cierre de los último espacios socio jurídicos que permanecían activos en Buenaventura y Quibdó. Con estas decisiones, el presidente sostiene que quedaron terminados todos los procesos de diálogo y espacios socio jurídicos heredados de la política de “paz total” de Gustavo Petro.
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