Por: Juan Roa De Ávila
En el marco de la segunda edición de la Cátedra Antonio Nariño para la libertad de prensa que se llevó a cabo este miércoles en las instalaciones de la Universidad del Norte, se cumplió el panel “El acceso a la información pública en Colombia”.
El conversatorio, además de ser moderado por Alberto Martínez, director del departamento de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte, contó con la presencia de Sebastián Salamanca, director del proyecto Antonio Nariño; Vivian Newman, Subdirectora de Justicia; y Tadeo Martínez, periodista y corresponsal de la revista Semana en Barranquilla.
Como un preámbulo a lo que luego sería la introducción hacia un estudio realizado sobre la libertad de prensa en Colombia, Sebastián Salamanca compartió con los asistentes la cuarta encuesta adelantada por su organización a distintos periodistas del país acerca del estado actual en que se encuentra el acceso a la información.
El trabajo demostró, entre otras cosas, que para algunas investigaciones que requieren datos de cuantía que son otorgados por corporaciones públicas, los periodistas en ocasiones se ven obligados a recurrir a bases de datos informales como ruedas de prensa y parcializaciones, dado a la restricción del acceso al archivo público.
Según el estudio, en el 2017 las estadísticas en el Caribe colombiano ascendieron en cantidades considerables en comparación con el año 2015. De un 40% a 51% incrementó, según la encuesta, el hecho de que algunas organizaciones públicas le impidieran revelar la fuente de datos a periodistas; y de un 24 a 34% (como respuesta de los comunicadores) incrementó la opinión con respecto a la permisividad que le dan las organizaciones estatales según la importancia del medio donde trabajen.
A su paso, Vivian Newman advirtió que si bien en Colombia se reglamentó el principio al acceso a la información a partir de la Constitución de 1991 con la ley 1712 de 2014, el panorama no es muy alentador teniendo en cuenta que a pesar de que esta norma entra en el régimen de ley estatutaria, los periodistas aún se mueven entre los derechos de petición, aún con la ley Habeas Data y la ley de Inteligencia.
“En el país se modificó la forma de acceder a los datos públicos a partir de la ley 1581 de 2012, pero a pesar de que esta diseñó y dio algunos correctivos con el sistema para el ingreso de los medios, los periodistas aún deben debatirse entre las posibilidades que pueda brindarle la inefectividad de los derechos de petición”, subrayó.
Por último, hizo su intervención en el panel Tadeo Martínez, quien explicó que desde su ejercicio como periodista y corresponsal de la revista Semana en Barranquilla ha evidenciado la restricción del permiso a la información en algunos estamentos como las audiencias adelantadas en el marco de la Ley de Justicia y Paz con los paramilitares. Afirmó que en ellas era casi que imposible lograr obtener datos de los procesos adelantados en los juzgados especializados, tanto que debían reinventarse nuevas formas en audiencias en las que solo asistía un sector de la prensa.
“Uno entiende que, a pesar de que la Fuerza Pública emplea información confidencial, la permisividad de la información está politizada. A algunas corporaciones no les conviene verse involucrada o que salga a luz pública lo que se hace detrás de ellas”, concluyó.
La Cátedra Antonio Nariño continúa este miércoles en el salón 11G2 de la Universidad del Norte, con los paneles “Los archivos públicos y sistemas de información del Estado como fuente para el periodismo y la memoria” y “El periodismo en la era de la posverdad: entre la autocrítica y la reinvención”. En ellos intervendrán María Emma Wills, del Centro de Memoria Histórica; Laura Sánchez, de la Subdirección del Sistema Nacional de Archivos y Omar Rincón, de la Universidad de los Andes, entre otros.
