Por: Jace Esmeral
El 16 de marzo la administración del presidente Donald Trump deportó a 238 presuntos pandilleros venezolanos del grupo terrorista internacional Tren de Aragua a El Salvador, bajo el mando de Nayib Bukele, se trasladaron a estos inmigrantes a una prisión de máxima seguridad. Sin embargo, esta deportación no fue hecha bajo medidas legales, el juez James Boasberg bloqueó la orden de deportación por 14 días para que se pudieran verificar las identidades de los deportados y asegurarse de que no hubiera personas inocentes injustamente deportadas. Trump ignoró la orden de Boasberg, e ilegalmente deportó a los inmigrantes venezolanos. Para muchos, esto es preocupante, pues al no seguir los precedentes legales la estadía de cualquier inmigrante en Estados Unidos puede ser cuestionada y estos podrían llegar a ser deportados injustamente.
Bukele mediante un post en la plataforma de X admite que la actual administración de los EE.UU. le pagó para mantener a estos inmigrantes detenidos por el periodo de un año, el cual se puede ampliar si Trump lo desea. Varios familiares de las personas deportadas han refutado la decisión de Trump, afirmando que sus seres queridos no eran parte de este grupo terrorista. Aquí viene la importancia de los juicios justos, pues si se hubiera obedecido la orden de Boasberg se tendría que comenzar una investigación para los lazos de estas personas a las organizaciones terroristas y se tendría que confirmar su estado migratorio. Si no siguen estos protocolos cualquier persona podría ser deportada por cargos falsos y esto se abusaría bajo una administración que busca obtener un número récord de deportaciones al año.
Los inmigrantes venezolanos no han sido los únicos que han sufrido bajo un precedente extraño. Tenemos el caso de Fabian Schmidt, el 14 de marzo fue detenido por ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) aunque este tuviera un estado de residente permanente después de haber integrado legalmente desde Alemania. La pareja de Schmidt lo estuvo esperando 4 horas en el aeropuerto después de que este volviera de su viaje a Luxemburgo hasta que llamó a las autoridades solamente para enterarse de que Schmidt fue detenido. Schmidt fue llevado al hospital, su madre dice que fue “interrogado violentamente” en el aeropuerto internacional de Logan.
Basta aclarar que Schmidt ha sido un residente permanente de Estados Unidos desde el 2009. La madre de Schmidt confirma que su hijo le contó que los agentes de inmigración lo presionaron para que renunciara a su tarjeta de residencia. Añadió que los funcionarios de ICE le negaron acceso a sus medicamentos para la ansiedad y depresión, lo desnudaron, ducharon con agua fría y lo colocaron en una silla en donde fue interrogado. Después de esto fue llevado a una habitación iluminada con otras personas en el aeropuerto, con poca comida y agua. Según sus familiares Schmidt se siente atemorizado por la experiencia.
Aunque la administración de Trump afirma que solo quiere ir detrás de los inmigrantes ilegales, varias historias de aquellos que deciden contar sus experiencias públicamente nos relatan el abuso de poder por parte de ICE. Desde los latinoamericanos que son detenidos por hablar en español hasta los indígenas nativos al país los cuales son detenidos por verse “como inmigrantes” sin duda hay un aspecto racial en esta conversación Aunque el caso de Schmidt nos muestra que ni siquiera los europeos están a salvo del mandato de Trump, lo cual puede estar relacionado con el rechazo de los países europeos hacia las recientes decisiones del presidente de Estados Unidos relacionadas con los aranceles hacia países aliados y sus creencias de extrema derecha.
Son tiempos difíciles para los inmigrantes en Estados Unidos, muchos de estos decidieron irse de su país natal en busca de una mejor vida, ya sea por métodos legales o no. Las violaciones a los derechos de estos individuos no deberían ser dadas por alto, todos merecen un trato justo independiente de la legalidad de su estado migratorio. Un país democrático que se ve a sí mismo como el campeón de la libertad y justicia no debería ignorar a sus leyes para seguir las órdenes inconstitucionales de su presidente de turno.
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