Por: Gladys Isabel Vizcaíno
Recientemente, el presidente Gustavo Petro nombró a Daniel Quintero como superintendente de salud. Súper lógico, ¿verdad? Súper lógico nombrar como superintendente de salud a un individuo que tiene 43 investigaciones en su contra y que un gran número de sus contratistas, funcionarios y cercanos a él, estén investigados, imputados o sancionados.
Es más que “razonable” entregarle el máximo organismo de inspección, vigilancia y control del sistema de salud a una persona imputada formalmente por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción. Porque, claro, el sistema de salud en Colombia es una maravilla y necesita precisamente a alguien con ese historial. Y es más que coherente que este señor no tenga ninguna clase de experiencia en regulación, vigilancia o gestión del sistema sanitario; su formación es de ingeniero electrónico, no de médico ni de administrador de salud
Pero claro… es natural preguntarse por qué nuestro mandatario eligió a este modelo de ser humano para inspeccionar y vigilar el sistema de salud de nuestro país. Recordemos que, Quintero en mayo de 2022 publicó un vídeo en redes sociales donde, accionando la palanca de un vehículo, decía la frase «el cambio en primera». Esa frase no fue solo una pulla; fue el detonante de una sanción aplicada al señor Quintero. En mayo de 2022, la Procuraduría General de la Nación suspendió de forma provisional a Daniel Quintero de su cargo como alcalde de Medellín por presunta participación indebida en política electoral.
Y, ¿quién es Daniel Quintero? Quintero es un político, ingeniero electrónico y empresario colombiano que se desempeñó como alcalde de Medellín entre 2020 y 2023. Su paso por la Alcaldía de Medellín estuvo marcado por constantes enfrentamientos con el sector empresarial y una serie de escándalos de presunta corrupción que han derivado en múltiples investigaciones judiciales. El caso de Aguas Vivas es el proceso más grave donde Quintero es el principal imputado. Se le acusa de intentar que el municipio pagara más de $42,000 millones a particulares por un lote que debía ser una cesión gratuita, mediante la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Para completar el cuadro, el “ratón” llega a la Superintendencia a manejar un presupuesto de casi medio billón de pesos y a supervisar toda la red hospitalaria del país.
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