Por: Arytsha Aholibama
En los pasillos de la Universidad de Sucre, durante meses, el rumor de que algunos docentes de planta estarían ganando salarios que superan los 70 millones e incluso los 90 millones de pesos mensuales se hizo imposible de ignorar. La Asamblea Estudiantil, mediante un derecho de petición, solicitó a Recursos Humanos una auditoría y los certificados salariales de los docentes. Los resultados revelaron que al menos 15 profesores registraban ingresos mensuales entre 48,3 millones y 93 millones de pesos.
En la cima del listado aparecen Alexander Pérez Cordero, con COP 93.004.778; Donicer Eduardo Montes Vergara, con COP 91.930.961; y William Alejandro Niebles Núñez, con COP 90.545.938. Solo este grupo representa un gasto mensual de COP 989.366.883, equivalente a COP 11.872.402.596 al año.
Según el Decreto 1279 de 2002, el cual establece que la remuneración de los docentes en universidades públicas depende de un sistema de puntos. Estos se asignan según factores como: títulos académicos, categoría en el escalafón, experiencia calificada y productividad académica. Sin embargo, estudiantes denuncian posibles irregularidades en la aplicación de este sistema. Según sus declaraciones, algunos docentes habrían sido incluidos en proyectos de investigación sin haber participado realmente, con el fin de aumentar su puntaje. También señalan la posible existencia de plagio y uso indebido de inteligencia artificial en algunas publicaciones; a partir de esto, nace el nombre “Cartel de los puntos” o “Carrusel de las coautorias”.
Ante estos hallazgos, los estudiantes interpusieron una denuncia ante la Contraloría General del Departamento de Sucre el 26 de marzo de 2026. El caso fue evaluado por el Comité de Denuncias el 8 de abril de 2026, tras lo cual se ordenó la apertura de una actuación especial de fiscalización. Un equipo de funcionarios será el encargado de verificar los hechos, determinar posibles responsabilidades fiscales y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
En la Asamblea Estudiantil, realizada el día 20 de abril del 2026, la comunidad universitaria se reunió para analizar la situación. Flor Peluffo, representante estudiantil ante el Consejo Superior, expuso las presuntas irregularidades de varios docentes, señalando los altos ingresos derivados de sus publicaciones académicas.
Por su parte, el estudiante Lewis Fortich expresó su inconformidad frente al manejo de los recursos institucionales y propuso la implementación de mecanismos de control fiscal. En la misma línea, Ana González, estudiante de Derecho, presentó un análisis del Decreto 1279, señalando vacíos legales y falta de reglamentación interna que habrían facilitado estas prácticas. Advirtió, además, que la continuidad de esta situación podría desencadenar una crisis financiera para la universidad.
Sebastián Hernández, representante estudiantil ante el Consejo Académico, insistió en la necesidad de exigir el cumplimiento del artículo 23 del decreto, mientras que el estudiante Luis Toro planteó que, ante la declaración de asamblea permanente por parte de algunos docentes, el estudiantado debería asumir una posición firme, incluso considerando un paro indefinido.
“Se convocó a todos los estudiantes y llegaron casi 2000 estudiantes apoyando la causa en pro al paro. Se cerró la universidad hasta que nos dieran una respuesta clara. Son 15 docentes de planta que ganan al año casi 12,000 millones de pesos que podrían invertirse en otros sectores”, declararon Flor Peluffo junto al líder estudiantil Moises López en una entrevista en exclusiva.
La tensión aumentó tras los hechos ocurridos en el edificio de ASPU (Asociación Sindical de Profesores Universitarios), en el que los estudiantes se acercaron a exigir explicaciones y los profesores se encerraron en uno de los salones. La estudiante, Flor Peluffo, respecto a los videos que circulan en redes, afirma que la Defensoría del Pueblo hizo presencia en el lugar de los hechos y no evidenció ninguna violacion a los derechos de los profesores. “Algunos profesores nos señalaron de guerrilleros, pero nosotros solo queríamos hablar con ellos. Nunca le negamos nada”, añadió.
La postura de los estudiantes es clara: no frenaran el paro hasta que reciban una respuesta clara por parte los profesores y la universidad, además, de que se invierta a la infraestructura de la universidad. Su compromiso es con los estudiantes y la correcta destinación de recursos públicos.
La otra cara de la moneda
Los docentes de planta, al igual que los estudiantes organizados, declararon asamblea permanente y responsabilizan al rector Johnny Alberto Avendaño Estrada y a su gabinete por filtrar información que relaciona datos personales y falsos detalles salariales, claramente distorsionados.
Por otro lado, según declaraciones anónimas, esos no serían los salarios finales, ya que no están incluidos algunos descuentos que se les hace. Respecto al hecho ocurrido en el edificio de ASPU, los docentes afirman que presuntamente los estudiantes llegaron tocando las puertas violentamente, insultando al cuerpo docente y usando extintores para propiciar el desorden.
Además, luego de los videos compartidos en redes sociales, donde se expone la imagen de profesores, usandolos como “meme”, se hace énfasis en que según la ley 1581 de 2012, es necesaria una autorización previa para usar y difundir la imagen de una persona. Sin embargo, docentes han afirmado que no piensan tomar medidas legales en contra de los responsables.
“Se escuchó un estadillo y luego el humo se dispersó, pero no estamos seguros de dónde provenía el humo. Creo que de extintores. Queremos aclarar que no estamos en contra de la protesta, siempre y cuando se proceda desde el respeto y la no violencia”, afirmó la fuente anónima.
La gobernadora a través de un comunicado a la opinión pública sostuvo que “la Universidad de Sucre es el alma máter de miles de sucreños, símbolo de orgullo regional, motor de transformación social y una de las mayores esperanzas de progreso para nuestras nuevas generaciones. Por eso, cualquier situación que afecte su estabilidad, su confianza institucional y la tranquilidad de su comunidad universitaria nos convoca a todos”, al tiempo que invita a los organismos de control para que, dentro de sus competencias y con total apego al debido proceso, avancen en las actuaciones necesarias que permitan esclarecer los hechos, garantizar la transparencia y brindar tranquilidad a la comunidad educativa y a toda la sociedad sucreña.
En los siguientes días, se espera que esta situación pueda solucionarse y que los profesores involucrados, reciban las medidas adecuadas. Mientras que los estudiantes esperan que se pueda esclarecer todo este asunto y que se garantice que los recursos públicos sean destinados a las instalaciones educativas y a su formación como profesionales.
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