[OPINIÓN] ENTENDIENDO LA GUERRA

Por: Helmut Hasselbrinck

Colombia es un país en el que la guerra y el conflicto armado ha sido una constante a lo largo de las últimas décadas, afectando varias generaciones de colombianos, desplazando miles de personas y llevándose muchas vidas. Aunque el país ha estado marcado principalmente por esto en los últimos sesenta años, basta con revisar nuestra historia para darnos cuenta de que la violencia siempre ha estado presente.

Con guerras civiles, masacres y ejecución injusta de asesinatos sistemáticos, la historia del país parece estar moviéndose en círculos, repitiendo los mismos patrones con diferentes nombres. Este no es solo un artículo sobre uno de los problemas más grandes que ha atravesado Colombia, es un intento de entender por qué ocurre y, más importante aún, por qué, a pesar del tiempo, los cambios políticos y los discursos de paz, siguen haciendo que estemos en un ciclo del cual no permitimos que haya escape.

Toda la historia, no solo de Colombia, sino del mundo en general, está llena de caos y violencia. Prácticamente ninguna nación se creó por medios totalmente pacíficos. Todas, en mayor o menor medida, se construyeron con base en el instinto de supervivencia que llevó a la asimilación cultural de ciertos grupos de personas, rivalizar con otros y, eventualmente, por diversos motivos llegando a conflictos bélicos o creando patrones de dominación y represión por parte de unos pueblos hacia otros.

Incluso relatos sagrados como la Biblia, o la misma historia de Jesús, en la que se ha basado el faro moral de Occidente durante siglos, no escapan de mostrar la crueldad y las decisiones moralmente cuestionables de muchas personas. Desde traiciones hasta castigos extremos, estos textos no solo hablan de redención, sino también de la violencia que atraviesa la experiencia humana. Esto no es una contradicción, sino un reflejo. La violencia no aparece como un elemento ajeno, sino como algo constante, casi inevitable, dentro de la historia del ser humano.

No importa la época, la cultura o el sistema de creencias, siempre está ahí. El inicio de la película 2001: Una Odisea en el Espacio, de Stanley Kubrick, lo explica de manera visual: vemos cómo los monos son derrotados por animales más feroces, hasta que encuentran el hueso, el cual usan como arma, derrotando a la otra especie, mostrando que el ser humano siempre va a encontrar una manera de ejercer el poder y la violencia de la forma más primitiva. Pensar que la violencia es simplemente un error o una desviación es una forma cómoda de evitar una verdad más incómoda. Tal vez no sea una excepción, sino una posibilidad permanente dentro de la naturaleza humana.

Una posibilidad que, cuando se combina con desigualdad, poder y miedo, deja de ser latente y se convierte en estructura. Y cuando la violencia se vuelve estructura, deja de ser un acto aislado. Se convierte en sistema.

Una posibilidad que, cuando se combina con desigualdad, poder y miedo, deja de ser latente y se convierte en estructura. Y cuando la violencia se vuelve estructura, deja de ser un acto aislado. Se convierte en sistema.

Colombia es un país ideológica, cultural, política, racial y económicamente polarizado y desigual; es válido pensar que es un problema relativamente reciente, pero, al ver hacia atrás, la historia nos muestra que por mucho tiempo ha sido así. Debido a las condiciones geográficas del territorio, entre las que se incluyen las montañas de la Cordillera de los Andes, el transporte o la comunicación eran prácticamente imposible en diferentes sectores del país; por eso, cuando los españoles llegaron a colonizarnos fue una tarea sencilla, ya que, a diferencia de países como México, las tribus indígenas estaban fragmentadas.  Tuvieron que pasar siglos para que empezara una revolución en contra de la conquista, que empezó también con una revuelta violenta.

El llamado “Florero de Llorente”, el cual es el objeto más conmemorado del día en que ocurrió nuestro Grito de Independencia (el 20 de julio de 1810), que, si bien no es la fecha exacta en la que el pueblo neogranadino logró su independencia definitiva, fue el detonante para que el pueblo colombiano se levantara contra la corona española y poder conseguir su independencia, también usando medios violentos, por la naturaleza militar y revolucionaria del conflicto. Ese día llegaría años después con otras guerras en la que se incluía “la batalla de Boyacá”, la cual ha sido de las más míticas e históricamente importantes del país.

La Patria Boba y la Guerra de los Mil Días

Hablando de ese mismo período, entre 1810 y 1816 tuvo lugar una guerra civil conocida como “La Patria Boba”. Un conflicto que, irónicamente, ocurrió en medio del proceso de independencia y que evidenció desde el inicio la incapacidad del territorio para unirse incluso frente a un enemigo común. Fue una guerra entre quienes no lograban ponerse de acuerdo sobre qué hacer con ella. Por un lado, los federalistas defendían la autonomía de las regiones, imaginando un país descentralizado. Por el otro, los centralistas apostaban por un poder fuerte que pudiera imponer orden. 

El resultado fue predecible, mientras el territorio se fragmentaba en disputas internas, la corona española aprovechó la división para retomar el control. La guerra no sólo debilitó el proyecto independentista, sino que dejó una lección que parece repetirse hasta hoy. En Colombia, incluso en los momentos decisivos, el conflicto interno ha sido más fuerte que cualquier intento de unidad.

Incluso con Colombia ya libre e independizada llegaron nuevos ideales y conflictos, igual o más violentos que los del pasado. Los partidos que dividían al país eran los liberales y los conservadores, y hubo al menos seis guerras civiles entre ellos, incluyendo la Guerra de los Mil Días, en la que se reclutaron niños y murieron entre 60,000 y 100,000 personas. Estos enfrentamientos no solo dejaron una enorme cantidad de muertos, sino que profundizaron el odio partidista y consolidaron una división que marcaría al país por décadas.

La guerra la terminaron ganando los conservadores, derrotando a los rebeldes liberales. Pero al final, el país no cambió. La violencia dejó miles de muertos, pero las razones que la provocaron siguieron intactas. Los conservadores se mantuvieron en el poder durante las siguientes décadas, hasta la llegada a la presidencia de Enrique Olaya Herrera, el primer liberal en años. Sin embargo, el cambio de partido no significó el fin del conflicto.

Las tensiones acumuladas no desaparecieron; solo se transformaron. Lo que vino después no fue estabilidad, sino una nueva etapa de enfrentamientos que desembocaría en uno de los periodos más oscuros del país: La Violencia.

La Masacre de las bananeras

Pero antes de hablar de ese periodo, hay que recordar uno de los eventos más terribles en la historia de Colombia: la Masacre de las Bananeras. Esto no fue una forma de independencia ni una guerra entre bandos; fue el sistema matando a su propia gente por pedir derechos básicos. A principios del siglo XX, en el Magdalena, más específicamente en Santa Marta, operaba una empresa estadounidense llamada United Fruit Company, la cual controlaba gran parte de la producción bananera y era una fuente extremadamente importante, casi fundamental, para la política y economía de aquel momento.

Los trabajadores eran expuestos a condiciones inhumanas en un día a día que parecía un infierno. Trabajaban cortando racimos de banano que podían pesar más de 30 kilos, en jornadas largas y sin descanso bajo el sol tropical, además de estar expuestos a enfermedades y a la falta de atención médica adecuada. Para rematar, muchos no eran ni empleados formales, sino que eran contratados por terceros, lo que permitía a la empresa evitar responsabilidades y no pagar prestaciones. A la mayoría no se les pagaba con dinero real; en cambio, recibían fichas o vales que solo podían usar en tiendas controladas por la misma empresa, haciendo que dependieran completamente de ella y creando un sistema cerrado. No trabajaban para la empresa: vivían dentro de un sistema que controlaba todas sus necesidades básicas de forma injusta.

En noviembre de 1928, miles de trabajadores hicieron una huelga en la que no pedían lujos ni una revolución, sino condiciones mínimas: pago en dinero real, contratos formales, jornadas de trabajo razonables y el fin de los intermediarios que los mantenían en una situación de explotación. Pero lo que para los trabajadores era una muestra de dignidad, para el gobierno colombiano era una amenaza. En un contexto de miedo al comunismo y presión de intereses económicos, la protesta fue vista como un “desorden social”.

En diciembre del mismo año, el ejército rodeó a los trabajadores y se les pidió que se dispersaran. Muchos no lo hicieron, no por rebeldía (ninguno estaba armado) sino por ejercer su derecho a protestar. Entonces el ejército abrió fuego, causando una represión violenta contra civiles trabajadores. Hasta el día de hoy no hay un número claro de víctimas. Algunas fuentes hablan de decenas, otras de cientos, y las más extendidas de miles. Pero, sin importar la cifra exacta, el hecho de que el mismo ejército, diseñado para proteger a la población, haya abierto fuego contra personas que solo pedían el reconocimiento de sus derechos deja una marca histórica imborrable de injusticia social y esa desconfianza hacia el gobierno.

La violencia no solo viene de quienes buscan el poder; quienes ya lo tienen también la usan como forma de autoridad. 

La Violencia

El periodo de La Violencia le hace justicia a su nombre. Fue un conflicto entre los mismos partidos de liberales y conservadores, que se intensificó con otro episodio brutal: lo que hoy se conoce como “El Bogotazo”. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, candidato del partido liberal, desató la mayor revuelta urbana espontánea de la historia del país —y una de las más grandes del mundo—, con aproximadamente 3,000 personas muertas. Este evento sembró aún más odio, llevando el nivel de violencia a alturas que parecían imposibles de superar.

Aunque muchos creen que este periodo afectó principalmente a la capital, la realidad es que las zonas rurales también tuvieron homicidios, desplazamientos y conflictos por control territorial marcaron la vida de miles, dejando claro que la violencia no se limitaba a las ciudades: era un problema estructural y nacional. Pequeñas veredas y municipios quedaron atrapados entre facciones políticas que veían en la sangre un medio para conservar poder. Familias enteras perdieron sus tierras, sus hogares y su futuro.

La justicia era casi inexistente y la autoridad estatal a menudo estaba ausente o era cómplice de lo que estaba pasando. En este contexto, la violencia se naturalizó. No era algo que simplemente estallaba, sino que se convertía en rutina, en forma de vida, en un sistema que reproducía más odio con cada acto de agresión. La sensación de abandono y la impunidad crearon espacios donde el resentimiento podía crecer, y donde la violencia dejaba de ser un instrumento momentáneo para convertirse en una estructura que definiría el futuro del país.

Todos hablan de las guerrillas y de todas las tragedias que han traído (lo cual es cierto), pero nadie se pregunta de dónde salen. No nacen de la nada ni aparecen por capricho; son el reflejo de décadas de abandono, desigualdad y violencia estructural. Surgen de campos donde los conflictos entre liberales y conservadores dejaron tierras arrasadas, familias desplazadas y comunidades sin protección. Allí donde el Estado no llegó, la miseria y la injusticia se convirtieron en semilla para la organización armada. Niños que crecieron viendo muertos, campesinos que perdieron todo por disputas de poder y grupos políticos que usaron la violencia como moneda de cambio, todos estos factores moldearon un caldo de cultivo que permitió a las guerrillas tomar forma.

El movimiento empezó con los “bandoleros”, campesinos que, en medio de La Violencia, se cansaron del abandono y del trato del Estado (muchas veces alineado con intereses conservadores) y decidieron tomar las armas sin tener entrenamiento militar formal. No eran ejércitos organizados, sino grupos dispersos que surgían como respuesta directa a la violencia que vivían. En muchos casos, eran vistos como una especie de “Robin Hood”: robaban a grandes terratenientes o figuras de poder y ayudaban a campesinos que habían sido despojados de sus tierras o abandonados a su suerte. Pero esa imagen romántica no duró.

Con el tiempo, la falta de control, la necesidad de supervivencia y la lógica misma de la guerra los transformó. Lo que empezó como resistencia terminó convirtiéndose en otra forma de violencia. Muchos de estos grupos comenzaron a extorsionar, a imponer su autoridad por la fuerza y a generar miedo en las mismas comunidades que antes decían defender.

El territorio dejó de ser solo un lugar de origen y se convirtió en algo que debía ser dominado. La línea entre víctima y victimario empezó a desvanecerse. En ese proceso, los bandoleros no solo fueron una respuesta a la violencia: ayudaron a perpetuarla. Sentaron las bases de una lógica que después adoptarían las guerrillas: la idea de que el poder se mantiene a través del control armado, y que la violencia no es solo una reacción, sino una herramienta.

Las guerrillas

Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) nacieron en 1964 como una organización campesina armada que decía luchar por la reforma agraria y los derechos de los sectores más marginados.

Por otro lado, el ELN surgió influenciado por la revolución cubana y por ideas marxistas, con un fuerte componente ideológico y hasta religioso en sus inicios.

Ambos grupos se presentaban como una respuesta a un Estado ausente y a una sociedad profundamente desigual. Con el tiempo, esas causas iniciales se fueron desdibujando. La necesidad de financiar la guerra llevó a prácticas como el secuestro, la extorsión y el narcotráfico. Lo que comenzó como una lucha contra la desigualdad terminó convirtiéndose en otra forma de violencia que afectó principalmente a civiles. Pueblos enteros quedaron atrapados entre el Estado, las guerrillas y, más adelante, los grupos paramilitares. La guerra dejó de tener un frente claro y se convirtió en una red compleja donde todos ejercían violencia y la población era la principal víctima.

El M-19, por su parte, tuvo un origen distinto. Surgió en los años 70 tras denuncias de fraude electoral y se caracterizó por acciones más simbólicas y urbanas, como el robo de la espada de Bolívar o la toma del Palacio de Justicia (ya hablaremos de esto más a fondo). Fue un grupo que mezcló política, espectáculo y violencia, intentando construir una narrativa revolucionaria en medio del caos. Entre sus miembros estuvo Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia, lo que refleja hasta qué punto estas dinámicas han estado entrelazadas con la historia política reciente del país.

Entender a estos grupos no significa justificar sus acciones. Las guerrillas cometieron actos que marcaron al país con miedo: secuestros, asesinatos, reclutamiento forzado, atentados. Pero ignorar de dónde vienen es simplificar el problema. No nacieron del vacío, sino de un país que durante décadas normalizó la desigualdad, el abandono y la violencia como forma de resolver conflictos.

Entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, más de treinta guerrilleros del M-19 orquestaron un asalto al Palacio de Justicia. La excusa era exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz y realizar un acto revolucionario en contra de Belisario Betancur, el presidente de Colombia en ese momento. El grupo irrumpió de forma violenta en el edificio, asesinando a varios vigilantes y civiles desde el inicio de la operación. Una vez dentro, tomó como rehenes a magistrados, funcionarios y visitantes, incluyendo a miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Durante las horas siguientes, los guerrilleros sometieron a los rehenes a condiciones extremas, utilizaron el edificio como escenario de guerra y buscaron imponer un “juicio político” al presidente. La situación se deterioró rápidamente: hubo intercambios de disparos, amenazas constantes y una clara instrumentalización de la vida de los civiles para presionar al Estado. Lo que siguió no fue una negociación efectiva, sino una respuesta militar.

 El Estado decidió retomar el control por la fuerza. Tanques del ejército entraron al centro de Bogotá y el Palacio fue atacado en una operación que terminó en incendio, destrucción casi total del edificio y una gran cantidad de muertos.

El resultado fue devastador. Murieron más de 90 personas, entre ellas varios magistrados de la Corte Suprema, además de guerrilleros, militares y civiles. Al menos una decena de personas desaparecieron tras haber salido con vida del edificio, muchas de ellas vistas por última vez bajo custodia de fuerzas estatales. La forma en la que se manejó la retoma dejó una herida profunda en la historia del país.

Hubo denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y manipulación de la escena. Con el paso del tiempo, se reveló que el Estado ocultó información clave. Hubo cuerpos mal identificados, otros que desaparecieron, y durante años no se dio claridad a las familias sobre lo ocurrido. Investigaciones judiciales posteriores y fallos internacionales señalaron la responsabilidad de agentes estatales en graves violaciones de derechos humanos durante y después de la operación. Esta tragedia no puede analizarse sin reconocer el papel del M-19.

La toma del Palacio fue una acción armada que puso deliberadamente en riesgo la vida de decenas de civiles, rompió cualquier límite ético al utilizar rehenes como herramienta política y desencadenó una escalada de violencia predecible. La decisión de convertir una institución judicial en un campo de batalla fue, en sí misma, un acto que contribuyó directamente al desenlace fatal. Aunque en ocasiones se menciona a Gustavo Petro en relación con el M-19, la realidad es que no participó en la toma del Palacio de Justicia.

Para ese momento, ya había sido capturado y se encontraba detenido, por lo que no tuvo un rol directo en ese hecho específico. El episodio terminó con el Palacio de Justicia reducido a cenizas, una de las instituciones más importantes del país destruida, y una sensación general de caos y pérdida. Pero más allá del número de muertos o de la magnitud del ataque, lo que dejó fue algo más profundo: la evidencia de que, en medio del conflicto, tanto actores insurgentes como el propio Estado podían cruzar límites que se suponía debían respetar. La toma y retoma del Palacio de Justicia no solo fue un enfrentamiento entre una guerrilla y el gobierno.

Fue un momento en el que la violencia alcanzó el corazón mismo de la institucionalidad colombiana, dejando una marca que todavía hoy sigue siendo discutida, investigada y recordada como uno de los episodios más oscuros en la historia de Colombia.

A lo largo de las décadas, Colombia no solo ha vivido la guerra, sino que también ha intentado detenerla. Los procesos de paz han sido múltiples, pero casi siempre incompletos, frágiles o directamente fallidos. Con las FARC, por ejemplo, hubo intentos desde los años 80, como los diálogos de La Uribe, que terminaron en tragedia con el exterminio de la Unión Patriótica, un partido político surgido de ese proceso mostrando que incluso cuando se intentaba dejar las armas, la violencia seguía presente desde otros frentes.

Décadas después, el gobierno de Juan Manuel Santos logró firmar en 2016 un acuerdo de paz con las FARC tras años de negociación en La Habana. Este acuerdo buscaba atacar las causas estructurales del conflicto como la tierra, la participación política, el narcotráfico y las víctimas. Sin embargo, su implementación ha sido irregular.

Muchas de las promesas del Estado (como la reforma rural o la protección efectiva a excombatientes) no se han cumplido plenamente, y cientos de exguerrilleros han sido asesinados tras dejar las armas. Por otro lado, tampoco se puede ignorar que sectores de las guerrillas incumplieron.

Disidencias de las FARC volvieron a causar violencia, y grupos como el ELN han continuado con secuestros y atentados incluso en medio de intentos de diálogo, como el ataque a la Escuela General Santander en 2019, que prácticamente rompió las negociaciones en ese momento. Durante el gobierno de Santos hubo acercamientos, pero fue en el gobierno de Iván Duque donde se suspendieron completamente tras ese atentado.

Además, Duque tomó distancia del acuerdo firmado por Santos con las FARC, objetando partes clave de su implementación y ralentizando varios de sus puntos, lo que para muchos debilitó el proceso de paz en curso.

Narcotráfico en Colombia

Hay que volver un poco atrás, porque no es posible hablar de la violencia en Colombia sin mencionar al narcotráfico. No es un capítulo aparte de la historia, es una de sus fuerzas más determinantes. Pablo Escobar no es una figura ambigua ni debatible en términos morales. A diferencia de personajes como el Che Guevara, cuya imagen sigue generando discusiones sobre si fue un revolucionario idealista o una figura autoritaria, en el caso de Escobar no hay ese debate serio.

No hay un “depende de cómo se mire”. Escobar fue responsable de una de las etapas más violentas en la historia del país. Bajo su mando, el narcotráfico dejó de ser solo un negocio ilegal para convertirse en una guerra abierta contra el Estado y la sociedad. Carros bomba, asesinatos selectivos, terrorismo indiscriminado y la normalización del miedo se convirtieron en parte de la vida cotidiana.

Jueces, policías, políticos, periodistas y civiles fueron asesinados como parte de una estrategia que buscaba imponer poder a través del terror. Intentar romantizarlo como un “Robin Hood” moderno no solo es incorrecto, es peligroso. Sí, construyó canchas y repartió dinero en algunos barrios, pero eso no borra el hecho de que su poder se sostuvo sobre la muerte de miles de personas. No fue un símbolo de rebeldía ni de resistencia, fue la expresión más extrema de lo que ocurre cuando el poder, el dinero y la violencia se combinan sin ningún tipo de límite. Y una vez más, la historia repite el mismo patrón. Una figura que surge de un contexto de desigualdad y ausencia estatal, pero que termina amplificando la violencia hasta niveles imposibles de controlar. 

Pero Pablo Escobar no fue el único. Reducir el narcotráfico colombiano a una sola figura es ignorar la magnitud real del problema. Mientras el Cartel de Medellín imponía el terror a través de la violencia directa, el Cartel de Cali operaba de manera más silenciosa, infiltrando instituciones, comprando políticos y moviéndose con una lógica menos visible, pero igual de peligrosa.

A esto se sumaron otros grupos como el Cartel del Norte del Valle, que continuaron el negocio cuando los grandes nombres empezaron a caer. El narcotráfico no solo trajo dinero. Trajo poder. Un poder capaz de corromper instituciones, financiar ejércitos ilegales y redefinir completamente la naturaleza del conflicto en Colombia. La guerra dejó de ser únicamente política o ideológica. Se volvió económica. Controlar territorios ya no era solo una cuestión de influencia, sino de rutas, cultivos y millones de dólares en juego. Y ahí es donde todo se transforma.

Las guerrillas, que en un inicio se presentaban como movimientos ideológicos, comenzaron a financiarse a través del narcotráfico. Secuestros, “impuestos” a campesinos y participación en la cadena de producción de droga se volvieron parte de su funcionamiento. Pero no fueron los únicos. Grandes terratenientes, empresarios y sectores del Estado, cansados de la expansión guerrillera y viendo amenazados sus intereses, empezaron a financiar grupos de autodefensa.

Lo que en teoría nacía como una respuesta para protegerse, rápidamente se convirtió en otra máquina de violencia. Así surgieron los paramilitares.

Los paramilitares

Lo que empezó como grupos de “autodefensa” financiados por terratenientes, empresarios y sectores del poder para combatir a las guerrillas, terminó convirtiéndose en una de las maquinarias de violencia más brutales en la historia reciente del país. Organizaciones como las Autodefensas Unidas de Colombia consolidaron su poder en los años 90 y 2000, expandiéndose por todo el territorio nacional. Su accionar no fue simplemente una respuesta a la guerrilla. Fue una estrategia de control. Masacres, desplazamientos forzados, torturas y asesinatos selectivos se convirtieron en prácticas sistemáticas para dominar territorios y eliminar cualquier sospecha de colaboración con el enemigo.

La población civil quedó atrapada en el medio, una vez más pagando el precio de una guerra que no eligió. Pero lo más inquietante no es solo la brutalidad, sino la complicidad. Durante años, múltiples investigaciones han demostrado vínculos entre sectores del Estado, fuerzas militares y grupos paramilitares.

La línea entre lo legal y lo ilegal se volvió difusa, y la violencia dejó de ser algo externo para convertirse en algo profundamente incrustado en las estructuras de poder. Y dentro de ese mismo contexto aparece uno de los capítulos más oscuros: los llamados “falsos positivos”. Civiles, en su mayoría jóvenes de sectores vulnerables, fueron asesinados por miembros del ejército y presentados como guerrilleros muertos en combate para inflar resultados militares. Más de 6,000 víctimas han sido documentadas en este esquema.

Pero también es importante entender el contexto en el que esto ocurrió. Antes y durante el gobierno de Alvaro Uribe Velez el país estaba profundamente golpeado por la violencia de las guerrillas. Los secuestros, atentados, extorsiones y control territorial habían generado un ambiente de miedo constante. En muchas regiones (especialmente las rurales y campesinas), la presencia del Estado era débil o inexistente, y la guerra parecía no tener control. Comunidades enteras vivían bajo la presión de actores armados que imponían normas, cobraban “impuestos” y decidían quién podía vivir o morir en el territorio. No solo los sectores más vulnerables eran afectados.

Empresarios, ganaderos y familias con recursos también fueron víctimas de secuestros y extorsiones, convirtiéndose en objetivos estratégicos dentro de la lógica de financiación de la guerra. La cotidianidad estaba atravesada por el miedo: viajar, trabajar o simplemente habitar un lugar podía convertirse en un riesgo.

Pero lo más preocupante no es solo la cifra. Es que, incluso frente a la evidencia, hay quienes lo niegan, lo minimizan o lo justifican. Como si reconocerlo fuera más incómodo que aceptar que ocurrió. Como si la verdad dependiera de una postura política. Este punto es clave para entender el país. La violencia no solo se repite, sino que se niega.  Y es inevitable terminar con este ciclo cuando la misma sociedad es incapaz de reconocer sus propios crímenes.

Y, aun así, todo esto no es solo pasado. Lamentablemente la violencia en Colombia no es un recuerdo; es una realidad que sigue respirando. Los intentos recientes de paz han demostrado que el problema no es simplemente firmar acuerdos, sino sostenerlos. El gobierno de Gustavo Petro ha impulsado una política de “paz total”, buscando negociar con múltiples actores armados al mismo tiempo.

Sin embargo, estos intentos han enfrentado rupturas, incumplimientos y una persistente desconfianza que demuestra que el conflicto no se desactiva únicamente con voluntad política. Las cifras siguen hablando por sí solas. La Jurisdicción Especial para la Paz ha establecido que al menos 18.677 niños y niñas fueron reclutados por las FARC. No es solo un número. Es una generación entera marcada por la guerra antes de tener la posibilidad de elegir otra vida. Y mientras tanto, la violencia sigue cobrando nombres propios. La muerte de Miguel Uribe es un recordatorio de que el conflicto no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Ya no siempre se manifiesta en grandes guerras abiertas, pero sigue presente en asesinatos, amenazas y silenciamientos.

Lo más inquietante es que, después de todo lo que ha pasado, el país sigue dividido en la forma de entender su propia historia. Hay quienes justifican, quienes niegan y la mayoría prefiere perderse en la ignorancia y mantenerse desinformada. Y en ese punto, la violencia deja de ser solo un problema de armas y se convierte en un problema de memoria. Porque al final, Colombia no es un país violento por accidente. Es un país donde la violencia ha sido parte de su construcción, de sus decisiones y de sus silencios.

Y mientras no se entienda eso, mientras no se enfrente sin excusas ni justificaciones, seguirá repitiéndose. Porque la historia lo ha demostrado, la violencia no desaparece, solo espera a transformarse para siempre volver.