Por: Maine Mallarino Cotera
Es domingo, 31 de mayo de 2026 y los habitantes de un barrio de una zona periférica de una gran ciudad del país se despiertan para encontrarse frente a una nueva problemática. Durante la noche, el tubo principal que abastece de agua a los barrios circundantes se rompió. Esto provoca no solo cortes generales en el servicio, sino también que la calle principal esté inundada por horas. Pronto se descubre la causa: un vecino, harto de los constantes problemas de presión, decidió tomar el asunto en sus propias manos. En sus intentos de encontrar la tubería madre, terminó por romperla, dejando tanto su casa como todas las del sector sin servicio.
El vecino se excusa: desde su construcción, las casas han sufrido de problemas con la presión de agua tan graves que, en ciertos horarios, no hay servicio en absoluto. La causa todos la conocen: uno de los barrios cercanos es “de invasión”. No está conectado legalmente a ninguno de los servicios, y la infraestructura no está diseñada para proveer del servicio a tantas personas. ¿A quién, entonces, se le deben atribuir las culpas? Muchos señalarán inmediatamente al vecino, responsable directo del daño y los costos de reparación. Otros tantos culparán a los habitantes del barrio de invasión, causantes del problema subyacente que aqueja a la comunidad desde hace años.
Me parece que ésta es una de estas situaciones en las que es necesario buscar una tercera opción. Si en uno de los núcleos urbanos del país aún hay barrios enteros de personas que no tienen acceso seguro a los servicios básicos, es momento de ver el panorama mas amplio.
Toda la problemática narrada no es más que un síntoma de uno de los problemas mas profundos que aquejan a nuestra sociedad: la exclusión social. Si la exclusión social se sigue viendo como una característica más de nuestro país y no como algo a solucionar, si sigue reflejándose en cómo trazamos nuestras calles y organizamos nuestros servicios, nunca llegaremos a ser un país más equitativo.
Es por eso que me sorprende y decepciona el comentario recurrente en redes sociales sobre la senadora y candidata a la vicepresidencia Aida Quilcué. Constantemente, su nivel educativo se convierte en el centro de la discusión como si ese fuera el principal criterio para evaluar una candidatura. Y muchas veces se reduce toda su identidad a la de una “india sin estudios”. Así, no solo se invisibiliza su trayectoria, sino que se encierra en una caja a miles de personas de nuestro país: hoy en día, uno de cada tres colombianos tiene un nivel educativo menor al de la escuela secundaria.
Me parece entonces un buen momento para plantear, por incómodas que sean, preguntas. ¿Creen ustedes que con la forma en que está organizada el país, todos tenemos las mismas oportunidades? ¿Todos tenemos acceso a los mismos servicios? ¿Puede alguien a 20 minutos de la capital acceder a un servicio de salud de la misma calidad que alguien que vive a 2 o 3 horas? ¿Le es igual de fácil a alguien que nace y crece en Bogotá llegar a la educación superior que a alguien que se cría en las zonas rurales del Cauca?
Nuestra calidad como seres humanos, como profesionales o como líderes no está dada por lo que tuvimos o no la oportunidad de hacer, sino con lo que hicimos con lo que tuvimos. Pienso que es momento de que, como sociedad, busquemos la forma de incluir en el sistema educativo a todas las personas, mas que excluir a quienes no pudieron hacer parte. Y de que hagamos lo necesario para que no falte el agua en los barrios de las ciudades.
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