Por: Valerie Caballero
El caso de Juliana y Verónica Guerrero que nació como denuncia periodística pasó a convertirse en una de las mayores crisis políticas para el Gobierno de Gustavo Petro.
El caso estalló tras una investigación de Semana, que reveló la existencia de una presunta red dedicada a cobrar dinero a empresarios con la promesa de facilitar reuniones y gestionar contratos en distintas entidades del Estado. De acuerdo con esa publicación, las hermanas Guerrero habrían solicitado desde un millón de pesos por un primer encuentro, anticipos de hasta 200 millones de pesos y comisiones equivalentes al 10% del valor de los contratos que, supuestamente, podrían conseguir en ministerios como Vivienda, Interior, Defensa, Ambiente e Igualdad. Los pagos denunciados superarían los 600 millones de pesos.
La investigación periodística está respaldada, según el medio, por testimonios de empresarios, conversaciones de WhatsApp, audios, comprobantes de consignaciones y otros documentos que ahora deberán ser analizados por la justicia. Hasta el momento, sin embargo, no existe evidencia de que los contratos prometidos hayan sido finalmente adjudicados, un aspecto que ha sido parte central en la defensa del Gobierno.
Tras conocerse las denuncias, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación formal contra Juliana y Verónica Guerrero para establecer si existió una estructura dedicada al tráfico de influencias y otros posibles delitos. La investigación apenas comienza y será el ente acusador el encargado de verificar la autenticidad de las pruebas y determinar si existen responsabilidades penales.
En medio del escándalo, Juliana Guerrero presentó su renuncia como delegada del Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. A través de un comunicado, aseguró que necesita concentrarse en su defensa y sostuvo que los “señalamientos injustos” en su contra no deben afectar ni a la universidad ni al Gobierno nacional. También manifestó que comparecerá ante la Fiscalía y colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos.
Mientras el proceso judicial apenas comienza, el costo político ya es evidente.
El presidente Gustavo Petro ha sostenido una defensa que incluso ha generado incomodidad entre dirigentes de su propio sector. El mandatario ha insistido en que, si efectivamente hubo pagos, fueron empresarios quienes intentaron corromper a funcionarios de su administración y terminaron siendo engañados porque los contratos nunca se concretaron. También pidió que todas las pruebas sean entregadas a la Fiscalía y afirmó que las hermanas deberían devolver cualquier dinero recibido, denunciar a quienes intentaron sobornarlas y colaborar con la justicia. “Es Juliana y sus hermana las que deben poner ya la denuncia contra los empresarios que buscaron corromperlas y si recibieron dinero devolverlo y colaborar con la justicia .”
Sin embargo, esa postura no ha sido compartida por buena parte del Pacto Histórico.
Figuras cercanas al Gobierno, entre ellas María José Pizarro, Gustavo Bolívar e Iván Cepeda, han pedido investigaciones profundas e independientes. La representante Laura Beltrán calificó el caso como “indefendible”, mientras que Jennifer Pedraza anunció nuevas denuncias penales para que las investigaciones también alcancen a empresarios, colaboradores y eventuales funcionarios públicos que hubieran participado en el supuesto entramado.
El caso tomó una nueva dimensión con las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia) y actual gerente del Fondo de Adaptación. En una entrevista aseguró que Juliana Guerrero ejercía una influencia determinante dentro del Gobierno, interviniendo en nombramientos y decisiones administrativas pese a no ocupar cargos públicos en algunos momentos. También afirmó que habrían advertido sobre esa situación desde el interior del Ejecutivo y habló de la existencia de una red más amplia de personas con capacidad de influencia. Petro rechazó esas afirmaciones y cuestionó la credibilidad de la funcionaria. Por ahora, esas denuncias hacen parte del debate político, pero no han sido establecidas judicialmente.
Hoy, el expediente se encuentra en manos de la Fiscalía. Las autoridades deberán establecer si las pruebas divulgadas públicamente permiten demostrar las existencia de una red dedicada al tráfico de influencias o sí, por el contrario, los hechos corresponden a una modalidad distinta de fraude contra empresarios.
Lo que sí parece claro es que el caso ya trascendió el plano judicial. Las investigaciones coinciden con un momento especialmente sensible para el discurso anticorrupción de Gobierno Petro y han provocado una fractura política poco habitual: mientras el presidente mantiene su respaldo a las hermanas Guerrero, buena parte de sus aliados ha optado por tomar distancia y exigir que la justicia avance sin consideraciones políticas. El desenlace ahora dependerá menos de las declaraciones públicas y más de la capacidad de la Fiscalía para verificar las pruebas y establecer si existió, o no, la estructura de corrupción que hoy está bajo investigación.
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