Por Liz Alexandra Amador Barros
El senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, fue víctima de un atentado durante un acto de campaña en el barrio Fontibón, al occidente de Bogotá. Según reportes oficiales, Uribe recibió al menos dos impactos de bala —en la cabeza y en una pierna— disparados por un presunto agresor de 14 o 15 años, que también resultó herido en el intercambio con su equipo de seguridad.
El senador fue trasladado inicialmente al Centro Médico Engativá y luego a la Fundación Santa Fe, donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas, incluyendo neurocirugía y tratamiento vascular en la pierna. Su condición es reportada como crítica, pero estable.
Las autoridades detuvieron al menor agresor en el lugar, quien portaba una pistola tipo Glock. Se investiga si actuó solo o bajo la influencia de terceros. Se han mencionado testigos que vieron a dos mujeres huir del lugar, lo que abre nuevas líneas de investigación.
La condena fue inmediata desde todos los sectores políticos. El presidente Gustavo Petro canceló un viaje oficial y calificó el atentado como “una afrenta directa a la democracia”. El alcalde de Bogotá, Carlos Galán, activó la red hospitalaria en toda la ciudad. El ministro de Defensa anunció una recompensa de 3.000 millones de pesos por información que esclarezca el caso.
El ataque a Miguel Uribe revive la memoria de un país marcado por décadas de violencia electoral. No es un caso aislado. Colombia ha presenciado el asesinato de figuras políticas como Luis Carlos Galán, Jorge Eliécer Gaitán, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, y más recientemente, líderes sociales y excombatientes en proceso de reincorporación.
A pesar del Acuerdo de Paz firmado en 2016, la violencia contra actores políticos sigue siendo una constante. El atentado no solo genera preocupación por la seguridad de los precandidatos, sino que reafirma que el ejercicio democrático en Colombia aún enfrenta amenazas reales, especialmente en contextos de polarización y falta de garantías para la participación política.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay evidencia que la democracia colombiana sigue expuesta a la violencia. Exige una respuesta institucional contundente, no solo en términos judiciales, sino también en garantías efectivas para que ningún ciudadano tenga que arriesgar su vida por ejercer sus derechos políticos.
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