Por: Luz Villadiego [En Alianza Informativa con el CERI.com]
El pasado 28 de febrero del presente año se materializó lo que muchos podrían describir como “crónica de una muerte anunciada”: Estados Unidos e Israel, en una operación militar conjunta, decidieron atacar preventivamente a Irán, desatando el actual escenario de tensión en Medio Oriente. Este episodio ha mantenido al mundo en alerta y provocado el pronunciamiento de distintos estados, impactado el valor internacional del petróleo y, una vez más, ha dejado en evidencia la creciente fragmentación del sistema internacional.
El debate en torno a la seguridad internacional y al programa nuclear iraní comenzó a intensificarse desde abril de 2025. Estados Unidos e Israel manifestaron una creciente preocupación por los posibles fines del programa nuclear de Irán, argumentando que su avance representaba una amenaza para la estabilidad regional. Para junio de ese mismo año, Irán ya había alcanzado niveles de enriquecimiento de uranio cercanos al 60 %, una cifra técnicamente próxima al umbral necesario para la producción de armamento nuclear. Como respuesta, ambos países llevaron a cabo la operación Martillo de Medianoche, cuyo objetivo fue atacar instalaciones nucleares estratégicas como Natanz, Fordow e Isfahan, lo que incrementó aún más las tensiones en la región.
El argumento utilizado entonces fue similar al que posteriormente justificaría el ataque del 28 de febrero: la defensa de la seguridad y la existencia de una amenaza existencial para Israel. Si bien es cierto que el enriquecimiento de uranio al 60 % generó dudas en la comunidad internacional sobre los posibles fines pacíficos del programa nuclear iraní, resulta difícil ignorar que la operación Furia Épica violó el artículo 2, inciso 4, de la Carta de las Naciones Unidas, el cual prohíbe el uso de la fuerza.
El ataque a Irán bajo la premisa de seguridad internacional y la violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas dejan en evidencia dos cosas fundamentales: si bien existe un marco jurídico internacional que constriñe el comportamiento bélico de los Estados a través de distintos organismos internacionales gubernamentales y del propio derecho internacional, en la práctica los Estados suelen pasar por encima de las reglas del juego de acuerdo con sus intereses y con el poder que posean dentro de la arena internacional. Ya lo señalaba Hans Morgenthau: las normas internacionales muchas veces se ven condicionadas por la lógica del poder y por la búsqueda de intereses nacionales. Esto nos conduce entonces a nuestro segundo punto: ¿quién posee realmente la autoridad para definir qué constituye una amenaza para la paz y la seguridad global?
Ahora bien, la compleja situación en Medio Oriente está lejos de ser un problema meramente coyuntural. Por el contrario, las implicaciones del conflicto dejan en evidencia la incapacidad del sistema internacional para contenerlo. Sin embargo, esta incapacidad no es algo reciente. Basta con recordar conflictos como Rusia-Ucrania, Israel-Gaza, la crisis política en Venezuela y, ahora, la escalada con Irán. En este contexto, observamos el resurgimiento de dinámicas propias del imperialismo y la formación de nuevas asociaciones entre Estados que buscan enfrentar problemas estructurales —como el narcotráfico— a través de iniciativas como la coalición militar Escudo de las Américas o propuestas de reorganización del orden internacional impulsadas durante la administración Trump. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas, creada precisamente con el propósito de preservar la paz y evitar nuevas guerras, parece trastabillar frente a estos escenarios y la comunidad internacional observa los distintos conflictos, toma bandos, y el odio se amplifica en la esfera global. De esta manera, la lógica de amigos y enemigos vuelve a consolidarse como uno de los principios dominantes de la política internacional contemporánea, debilitando los ideales de cooperación y multilateralismo que dieron origen al sistema internacional tras la Segunda Guerra Mundial. El conflicto en Medio Oriente no es solo una crisis regional, sino también un síntoma de un problema más profundo: la crisis del orden internacional contemporáneo y su creciente incapacidad para garantizar un sistema basado en reglas, donde el poder de los Estados no prevalezca sistemáticamente sobre el derecho internacional.
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