Por: Valerie Caballero
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efectos la condena contra los empresarios Alfonso y Juan Carlos Dávila Abondano en el caso Agro Ingreso Seguro (AIS), al concluir que durante el juicio se vulneraron garantías fundamentales como el debido proceso y el derecho a la defensa.
La decisión fue adoptada a través de una acción de tutela que ordena retroceder el caso a una etapa previa para rehacer parte del procedimiento. En la práctica, esto significa reabrir un expediente que llevaba más de diez años en curso dentro del sistema judicial colombiano.
Según el alto tribunal, el preacuerdo suscrito entre los empresario y la Fiscalía no fue sometido a un control judicial integral, lo que afectó la validez de la condena impuesta en instancias anteriores ya que hubo una “inaplicación o aplicación deficiente del control judicial integral por parte de los jueces de instancia”.
Además, la Sala Laboral cuestionó este acuerdo que compromete la validez de la condena, debido a la falta de solidez de las pruebas para concluir que los acusados hubieran intentado apropiarse de recursos públicos. El fallo indica que los empresarios no fueron elegibles para los subsidios, no firmaron acuerdos de financiamiento y no se realizó ningún desembolso de dinero del Estado.
Esta decisión generó tensiones en la Corte Suprema, especialmente con la Sala de Casación Penal, que previamente había ratificado la condena contra los empresarios.
Ante esta situación, la Sala Penal ordenó a la Corte Constitucional revisar la tutela que anuló el fallo, al considerar que el preacuerdo fue aceptado “de manera libre, consciente y voluntaria, suscribieron un preacuerdo con la Fiscalía en el que decidieron aceptar el delito de peculado por apropiación, agravado y tentado bajo la premisa de que les sería impuesta una pena de 24 meses de prisión”
El proceso contra los Dávila Abondano hace parte del escándalo de Agro Ingreso Seguro, un programa estatal creado para otorgar subsidios al sector agrícola y que terminó envuelto en denuncias por presuntas irregularidades en la asignación de recursos.
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