Por: María Peñaloza y Laura Moncayo
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) limitó la extracción de agua de la empresa Coca-Cola FEMSA, a través de su filial Indega, en el municipio de La Calera, con el objetivo de priorizar el consumo humano. La entidad adoptó la medida el 15 de abril de 2026, en medio de un contexto de controversia por el uso de fuentes hídricas en la zona.
La CAR redujo el caudal autorizado a la empresa de 3,2 a 1,9 litros por segundo y modificó las condiciones de su concesión. La autoridad ambiental retiró el permiso en tres de los siete manantiales previamente autorizados y limitó el uso de los restantes. Además, la entidad otorgó una prórroga de cinco años, inferior a los diez años solicitados por la compañía. Según la revista Semana, la decisión implicó que la empresa dejara de explotar tres de los siete manantiales y continuara operando únicamente con cuatro, lo que refuerza la reducción en el acceso a estas fuentes hídricas.
Habitantes y organizaciones locales denunciaron desde 2024 la disminución en el nivel de sus pozos y cambios en la calidad del agua. En ese mismo contexto, la politóloga y ambientalista María del Mar Pizarro realizó una denuncia pública en la que señaló que al menos siete manantiales habrían sido recubiertos con concreto y que la empresa habría operado con prórrogas irregulares y periodos sin concesión vigente.
Según la denuncia, la empresa presentó una solicitud de prórroga en 2024, mientras que en 2025 un informe técnico identificado como RPC0289 indicó que la decisión sobre dicha prórroga seguía en trámite. Ese mismo año, Pizarro interpuso un derecho de petición en el que solicitó aplicar el artículo 55 del Código Nacional de Recursos Naturales, con el fin de abrir un nuevo proceso de concesión en lugar de mantener prórrogas.
Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre el estado de los manantiales señalados ni han confirmado de manera concluyente las denuncias sobre su posible sellamiento con cemento.
La CAR estableció nuevas obligaciones para la empresa, entre ellas la compra de predios en zonas estratégicas para la conservación y el fortalecimiento del acueducto local. La entidad indicó que estas medidas buscan proteger las fuentes hídricas y garantizar su sostenibilidad.
El director general de la CAR, Alfred Ballesteros, afirmó que la prioridad institucional es el abastecimiento de agua para la población, en línea con el principio constitucional de protección de los recursos naturales.
El caso de La Calera refleja un debate más amplio sobre la gestión del agua en Colombia, en el que confluyen intereses comunitarios, empresariales y ambientales. Organismos de control y entidades del Gobierno han solicitado revisar las concesiones hídricas para asegurar su cumplimiento y evitar posibles afectaciones al acceso al agua.
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