Por: Valerie Castillo, Ana Durán, Valerie Vittorino y Liz Verbel
La extorsión en Barranquilla lleva años creciendo. Y no solo por los grupos criminales que la manejan, sino también porque mucha gente prefiere quedarse callada. El miedo pesa más que denunciar. A eso se le suma la desconfianza hacia las autoridades y, poco a poco, algo tan grave terminó normalizándose. Para muchos comerciantes, pagar “vacuna” ya no se ve como algo extraordinario, sino como otro gasto más del negocio. Como pagar servicios. O arriendo. Solo que este se paga por miedo.
Barranquilla, con más de 1.27 millones de habitantes en su área urbana y más de 2.3 millones de habitantes en su área metropolitana, es uno de los principales centros económicos y comerciales del Caribe colombiano. Su condición de Distrito Especial, Industrial y Portuario ha convertido al comercio en una de las actividades que más mueve empleo y economía en la ciudad. Tiendas, restaurantes, ferreterías, talleres y negocios familiares sostienen gran parte de la dinámica económica de muchos barrios. Por eso, cuando la extorsión golpea al comercio, también termina afectando la vida cotidiana de miles de familias que dependen de esos negocios para sobrevivir.
A Mauricio González, nombre que fue cambiado para proteger su seguridad e integridad; comenzaron a extorsionarlo hace cinco meses por teléfono. La primera vez no le prestó mucha atención. Pensó que era una llamada cualquiera, una amenaza falsa de esas que hacen para asustar. Pero después empezaron a decirle cosas demasiado específicas: sus horarios laborales, las horas en las que él y su familia entraban y salían de la casa, cómo funcionaba el negocio e incluso detalles sobre ingresos, egresos y movimientos diarios. Ahí entendió que sí lo estaban vigilando.
Desde ese momento dejó de contestar números desconocidos, cambió recorridos y comenzó a mirar distinto a las personas que se quedaban mucho rato frente al local. Sigue trabajando, sí, pero ya no trabaja tranquilo. Y como él, hay cientos de comerciantes en Barranquilla viviendo algo parecido. Llamadas, mensajes, panfletos, amenazas, en pocas palabras, historias que se parecen demasiado entre sí.
Mauricio recuerda que después de las llamadas empezaron a aparecer panfletos con nombres de supuestos grupos criminales. Algunos los dejaban cerca del negocio. Otros llegaban directamente. “Cuando llegan esos panfletos uno ya sabe que la cosa es seria”, contó él. Nunca denunció y afirma que el miedo a represalias termina siendo más fuerte que cualquier confianza en la protección institucional. “Aquí el que habla pierde”, recalcó Mauricio.
Mientras hablaba, repetía algo que se escucha mucho entre comerciantes: casi nadie quiere tocar el tema públicamente. “Eso se queda entre uno mismo”. En muchos casos, el silencio termina funcionando como una forma de protección. Hablar, denunciar o simplemente comentar lo que pasa puede hacer que las amenazas aumenten o que quienes están detrás sientan que fueron expuestos. Por eso, entre el miedo y la desconfianza, muchos prefieren callar.
La sensación de desconfianza aparece rápido apenas uno empieza a preguntar. Durante la reportería en zonas cercanas a la Fiscalía, varios comerciantes se incomodaron cuando vieron las cámaras y celulares del equipo periodístico tomando fotos cerca de los negocios. Incluso, uno de los comerciantes se acercó rápidamente a preguntar qué estaba pasando y el objetivo de las fotos tomadas. Otro prefirió bajar parcialmente la reja mientras observaba desde adentro del local. “Eso no da buena espina”, comentó uno de ellos.
Bastaba mencionar palabras como “extorsión” o “seguridad” para que cambiaran las caras. Silencios largos. Respuestas cortas. Miradas hacia afuera. Algunos evitaban seguir hablando, otros bajaban la voz o preferían cambiar de tema rápidamente. Y esa sensación era la misma en casi todos los locales: miedo a decir algo de más y terminar convirtiéndose en otro objetivo.
El investigador y experto en temas de seguridad, conflicto y dinámicas regionales del Caribe colombiano, Luis Fernando Trejos, asegura que la extorsión se volvió una de las principales economías criminales de Barranquilla. “La extorsión se convirtió en la renta ilegal que más dinamiza la violencia en el área metropolitana”, explicó.
Según él, distintos grupos usan la llamada vacuna como mecanismo de financiación, pero también como una forma de control territorial. “Por eso se llama vacuna. Porque tú pagas para que no te pase nada”. Y ahí está una de las cosas más preocupantes: la normalización. “La gente ya ni le dice extorsión. Le dicen cuota, contribución”, afirmó Trejos.
El investigador habla incluso de “gobernanza criminal”. Sectores donde grupos armados terminan imponiendo reglas, resolviendo conflictos y ocupando espacios que deberían pertenecer al Estado. Barrios donde la autoridad parece tener otro nombre. Según explica, muchas veces las amenazas comienzan contra el negocio. Disparos a fachadas, mensajes, intimidaciones. Si el comerciante no paga, entonces la presión sube. “Primero atacan el negocio. Después a la persona”, dijo.
Las modalidades cambian, pero el objetivo es el mismo. Llamadas, chats, panfletos, visitas directas. A veces disparan contra los locales o lanzan granadas. “Después llaman diciendo: ‘Ya recibiste el mensaje’”, contó Trejos. También advirtió algo que hoy hace todo más fácil para las estructuras criminales: las redes sociales.
Estados de WhatsApp, fotos, publicaciones, ubicaciones. Todo termina mostrando información sobre rutinas, carros, negocios y movimientos diarios. “Hoy solamente necesitan un celular y tiempo para estudiar a las personas”, explicó.
Las cifras oficiales muestran denuncias y capturas, pero comerciantes y expertos coinciden en que el problema real es mucho más grande. Mucha gente nunca denuncia.
Las cifras oficiales obtenidas a través de derechos de petición enviados a entidades como la Policía Metropolitana de Barranquilla, la Cámara de Comercio y la Fiscalía muestran denuncias, capturas y acciones institucionales frente a la extorsión. Sin embargo, comerciantes y expertos coinciden en que el problema real es mucho más grande debido al subregistro derivado de la falta de denuncias.
Según la respuesta entregada por la Policía Metropolitana, barrios como El Bosque, Chiquinquirá y Ciudadela 20 de Julio concentran algunos de los mayores registros de extorsión. Los negocios más afectados suelen ser pequeños comercios: tiendas, panaderías, farmacias, ferreterías y restaurantes familiares.
La Cámara de Comercio aseguró que desde 2022 trabaja con la Policía, el GAULA y la Alcaldía en campañas de prevención. Entre 2023 y 2025 instalaron cámaras de videovigilancia y realizaron jornadas enfocadas en promover la denuncia. Pero incluso con operativos y campañas, la palabra que más se repite entre las víctimas sigue siendo la misma: desconfianza.
Hace cinco años, Daniel Acosta —identidad reservada por motivos de seguridad— trabajaba en un negocio de materiales eléctricos y construcción cuando comenzó a recibir llamadas extorsivas. “Me amenazaron a mí y a mi familia”, recordó.
Al principio pagó porque le prometieron dejarlo tranquilo durante un año. Quince días después volvieron a llamarlo. Esta vez diciendo que eran otro grupo criminal y que debía pagar otra vez. “Eran los mismos, pero haciéndose pasar por otros”, contó.
Daniel sí denunció. Fue a la Fiscalía, al GAULA y a la Procuraduría. Dice que recibió acompañamiento, pero aun así siente que el sistema no alcanza. “Capturan a uno y a los pocos días vuelve a estar libre”. Tiempo después tuvo que irse de Barranquilla por seguridad. Cuando habla del tema menciona otros comerciantes que terminaron cerrando negocios, yéndose de la ciudad o incluso muriendo. “Conozco varios que no aguantaron”, dijo.
Historias como esa aparecen constantemente en registros de la Unión Nacional de Comerciantes, Undeco. El representante y vocero del gremio de pequeños comerciantes afectados por problemáticas de seguridad y extorsión en el área metropolitana, Orlando Jiménez, asegura que el problema empezó a agravarse desde 2018. “Subestimamos el tema y eso dejó que creciera”.
Según cifras del gremio, hasta 2023 alrededor de 500 negocios habían cerrado por culpa de la extorsión en Barranquilla y su área metropolitana. Muchos comerciantes terminaron vendiendo todo barato o abandonando completamente sus negocios. Personas que pasaron décadas atendiendo tiendas o panaderías ahora manejan taxis, hacen acarreos o trabajan vendiendo cosas en la calle. “Y muchos ya son mayores. No es fácil empezar otra vez”, explicó Jiménez.
Hace tres años, Rubén López —nombre modificado para proteger la identidad del entrevistado ante posibles riesgos de seguridad— todavía atendía una tienda pequeña en el suroriente de Barranquilla. Vendía arroz, huevos, gaseosas. También fiaba a vecinos cuando no les alcanzaba para el mercado. Cuando jugaba Junior sacaba un televisor a la puerta y la gente se reunía afuera. Los viernes ponía música. Era de esos negocios donde todo el barrio terminaba encontrándose. Hasta que comenzaron las amenazas. Primero fueron mensajes. Después llamadas. Finalmente dispararon contra la fachada.
Rubén cerró semanas después. Vendió algunas vitrinas, regaló otras cosas y terminó trabajando como conductor informal. “No me fui porque quisiera. Me fui porque ya no podía más”. Aunque los casos ocurrieron en momentos distintos, todos coinciden en algo: el miedo termina cambiando la vida cotidiana de quienes viven del comercio.
Trejos insiste en que el daño no es solamente económico. Una tienda de barrio no es solo un negocio. Es un punto de encuentro. Un espacio donde la gente conversa, se ayuda, compra fiado y se reúne a ver fútbol. “Cuando eso desaparece, cambia la vida del barrio”, explicó.
Y aunque las autoridades reportan procesos, capturas y canales de denuncia, el subregistro sigue siendo enorme. Muchos comerciantes sienten que denunciar no sirve. Otros temen quedar todavía más expuestos. Algunos incluso sospechan de posibles vínculos entre estructuras criminales y autoridades. Por eso tantos casos nunca aparecen en las estadísticas.
Hoy Mauricio González sigue abriendo su negocio todos los días. Pero ya nada es igual. Ahora mira quién pasa frente al local, evita responder llamadas desconocidas y casi no habla del tema con nadie fuera de su círculo cercano.
Como él, cientos de comerciantes en Barranquilla siguen trabajando mientras conviven con amenazas, panfletos y miedo constante. Algunos nunca denunciarán. Otros ya cerraron. Otros se fueron. Mientras tanto, en muchos sectores de la ciudad, pagar vacuna dejó de verse como una excepción. Para muchos, simplemente se volvió la condición para poder seguir trabajando.
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