Por: Valentina Villa
Esta semana, la Corte Suprema de Justicia vivió la renovación de una de sus salas. Con la llegada de las magistradas Paula Andrea Ramírez Barbosa y Emérita del Socorro Mora Insuasty, quienes se suman a Blanca Nélida Barreto, la Sala Especial de Primera Instancia quedaría integrada exclusivamente por mujeres. Siendo la primera vez que se presenta este hecho en los más de 200 años de historia del país.
¿Qué es la Sala Especial de Primera Instancia?
La Sala Especial de Primera Instancia es un órgano de la Corte Suprema de la Justicia, que ha sido previamente dirigido por congresistas en su mayoría masculinos.
Creada en 2018 mediante el Acto Legislativo 01; su función es juzgar a los congresistas acusados por la Sala Especial de Instrucción y coordinar la asistencia a las audiencias con el fin de garantizar su realización. Como sucedió cuando se condenó al exsenador José Ignacio Mesa Betancur por el delito de concierto para delinquir agravado.
Históricamente, la presencia de las mujeres en las altas cortes del país ha sido limitada. La Corte Suprema de Justicia tuvo a sus primeras magistradas en 1976, cuando María Helena Díaz y Rosa María Osorio llegaron a tribunal. Sus decisiones contribuyeron a abrir el camino para el desarrollo de la jurisprudencia en asuntos como la violencia intrafamiliar y los derechos reproductivos.
Sin embargo, María Helena Díaz fue asesinada por sicarios mientras investigaba casos de lavado de dinero contra Pablo Escobar en 1989.
Recorrido de las Magistradas
Emérita del Socorro Mora Insuasty es una abogada que se ha especializado en el derecho penal y criminología, mientras que Paula Ramírez ha tenido un recorrido marcado por lo que hizo en el ámbito académico y su papel como delegada de Asuntos Penales y en Derechos Humanos.
Estas mujeres traen nuevas perspectivas a la sala que tuvo su primera renovación desde 2018, año en que fue creada.
Organizaciones como la Corporación de Excelencia de la Justicia han señalado que en Colombia aún se deben fortalecer los mecanismos judiciales de protección y acceso a la justicia para que las víctimas puedan recibir una respuesta adecuada a sus necesidades, sin que esto implique nuevos riesgos o formas de revictimización.
De igual manera, la organización ha señalado que las mujeres indígenas y afrodescendientes enfrentan barreras adicionales para acceder al sistema judicial, lo que profundiza las brechas de desigualdad y discriminación. En este contexto, la llegada de Paula Andrea Ramírez Barbosa, que se ha desempeñado como delegada en Asuntos Étnicos, podría representar un avance significativo hacia una justicia más inclusiva para las poblaciones históricamente marginadas y un nuevo paso hacia un sistema judicial más igualitario.
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