Por: Gladys Isabel Vizcaíno Mercado
En Colombia, es posible ser señalado por crímenes de violencia sexual y abuso infantil, reclutamiento y abortos forzados, proxenetismo y otros tantos, y aun así ocupar una silla en el Senado. Una verdad dolorosa. Y una realidad que silencia a las víctimas y protege a los perpetuadores.
Sandra Ramírez es una mujer de 62 años, representante del partido Comunes, integrante de las FARC extintas y firmante del Acuerdo de Paz. Durante sus años en las FARC alcanzó notoriedad y relevancia por ser la expareja de Manuel Marulanda Vélez, alias “Tirofijo”, máximo comandante del grupo armado.
En 2018 fue designada senadora en el Congreso de la República de Colombia por el partido Comunes. Posteriormente, en julio de 2022 se posesionó para un segundo periodo. La parlamentaria, señalada por un gran número de víctimas, es investigada por su presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, los cuales incluyen haber orquestado el reclutamiento forzado de menores y haber ejercido actos de violencia sexual sistemática durante su pasado en las FARC.
Esta misma senadora de la República hoy cuenta con el respaldo y el apoyo de la ley. Se posiciona en una silla en el congreso y “vela” por los derechos humanos. Aun cuando existen testimonios como el de Deisy Guanaro, reclutada a los 11 años, quien acusa que Ramírez la mandó a abusar sexualmente en dos ocasiones, específicamente señalando a Pablo Catatumbo y otros mandos, el Estado colombiano parece responder con una mezcla de blindaje institucional y lentitud judicial que las víctimas califican como una “burla” y una “ofensa”.
Una ofensa porque mientras las víctimas, como Guanaro, alzan la voz y denuncian la crueldad de Ramírez y sus crímenes, la JEP no la ha vinculado formalmente al macrocaso 07 (que investiga violencia sexual y reclutamiento).
Daisy Guanaro describe que Ramírez reunía a niñas de entre 11 y 13 años para hacerlas desfilar frente a comandantes borrachos; si se negaban a “complacerlos”, el castigo era un consejo de guerra.
Y mientras, Ramírez se respalda afirmando que su elección es un “derecho adquirido” derivado de su participación en el Congreso como firmante del Acuerdo de Paz, miles fueron las niñas sometidas a abortos obligatorios dentro de la organización donde esta ocupaba el papel que Guanaro califica como “enfermera de las FARC”.
En el marco de dichos hechos y evidencias, La Corte responde ordenando a la periodista Diana Giraldo que rectifique sus afirmaciones en las que señalaba que Sandra Ramírez llevaba niñas a “Tirofijo” para ser abusadas sexualmente. El argumento central que genera rabia es que la Corte busca proteger el buen nombre de Ramírez.
Guanaro señala que el hecho de que Ramírez aún no tenga una sentencia en firme no la exime de sus actos, y que usar la justicia para limpiar su imagen es una injusticia frente a quienes sufrieron sus órdenes de abuso.
Mientras Sandra Ramírez pasa el resto de sus días en el congreso y culpa a la derecha, entre esas Vicky Dávila y María Fernanda Cabal de instrumentalizar a las víctimas, el Estado protege su buena imagen y pisotea la verdad de aquellas niñas que hoy son mujeres. Mujeres con traumas profundos que les impiden llevar una vida familiar estable tal y como señala Guanaro, mujeres con secuelas inimaginables que hoy, cuando se atreven a hablar, a denunciar, a recordar, son silenciadas y amenazadas a muerte. Un estado que protege al perpetrador e impone la mordaza a la víctima es un estado que le ha fallado a la sociedad.
Y es aquí donde me pregunto…
¿Dónde está la justicia?
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